La vista a la que compareció el exfuncionario y hoy “empresario” Juan Maldonado el pasado lunes 11 de mayo fue anticlimática. Sólo añadió actores y actrices al elenco de intrigantes en el escándalo de la compra de pruebas de COVID-19. Se ampliaron el escenario y el elenco que cruzó del sector público al privado con una naturalidad que demuestra la fragilidad de la frontera entre lo público y lo privado cuando se trata de negocios y contratos del gobierno.
Las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes habían llegado a su punto culminante con el testimonio de la exfuncionaria Mabel Cabezas. El testimonio de la “gran villana” (Cabezas) confirmó lo que sabíamos y refrendó lo que se dijo en el informe preliminar y los referidos del presidente de la Comisión de Salud, Representante Juan Oscar Morales Rodríguez: Todos/as los/as envueltos/as son culpables de actuaciones negligentes. Allí “nadie” violó nada que no fueran leyes y reglamentos de ética. No hubo acto o intención criminal alguna—si se piensa que traquetear en medio de la mayor epidemia desde hace un siglo no es un crimen de lesa humanidad. Lo curioso es que refirieron incluso la persona que alertó del gran fraude, la doctora Concepción Quiñones de Longo. Los americanos del Partido Nuevo Progresista (PNP) no parecen conocer el concepto del “whistle blower”. Quien denuncia un crimen debe ser protegido, dicen las leyes y normas de ética federal. No, pero en el PNP, como dijo un líder recientemente, hay que “hacer buche”.
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Según el testimonio de la señora Cabezas, ella ocupaba un puesto de confianza en el Departamento de Salud, “Chief of Staff”—Jefa de Funcionarios. Curiosamente, dicho puesto no existía formalmente pero ella era de facto la segunda en mando de la agencia. Tan importante era esta empleada de confianza que cuando la nueva Secretaria Interina la remueve de su puesto, La Fortaleza la recluta para encargarla como enlace con el Coordinador del “Task Force” Médico.
De la descripción de sus funciones se desprende que la señora Cabezas era la funcionaria ágil que todos necesitan en una agencia o empresa. Una gestora de procesos que trabajaba duro y conseguía resultados; una “doer” como decimos en Spanglish. Era la proverbial “mano derecha” del ejecutivo/a que necesita delegar. Su trasfondo, no obstante, no era en salud sino en mercadeo. Sus contactos profesionales tampoco salían del ámbito profesional estrictamente sino de su participación en actividades del partido de gobierno. No fue un “cazatalentos” quien la refirió, sino conocidos políticos.
Guardando las distancias y estipulando diferencias, vino a mi memoria la figura de otra funcionaria del partido de gobierno anterior, la señora Sally López. En el caso de López, ella fungía como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), un puesto para el cual había sido seleccionada por “Fortaleza”, según el entonces Secretario del Trabajo, Vance Thomas. En agosto de 2017, esta funcionaria fue hallada culpable por su papel en la trama de ventas de influencias para obtener contratos gubernamentales en la que estaban envueltas, entre otros, la Cámara de Representantes, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la ADL, y negocios privados. De hecho, al momento de su arresto la señora López estaba en “destaque” en la Oficina de Ayuda al Ciudadano de La Fortaleza.
Aunque en contextos distintos, se desvela una conexión en el proceder de estas funcionarias: Mabel Cabezas y Sally López eran cuadros políticos que “flotaban” en puestos de “confianza” y gestionan una estructura paralela que enlaza agencias de gobierno con contratistas/donantes del partido de gobierno; sea el PNP o el PPD (Partido Popular Democrático).
Los testimonios ofrecidos en las vistas reflejan claramente que hay un gobierno paralelo que opera mediante contactos y referidos personales. Para los operadores de esta estructura “informal”, un mensaje de texto o de WhatsApp de un conocido es suficiente lo mismo para proceder con una transacción millonaria de emergencia en situaciones de desastres y emergencias que para conseguir un empleo de un “constituyente”. Incidentalmente, nos enteramos de que el presidente de la Comisión de Salud también envió “mensajes” a la señora Cabezas para solicitar “servicios” para sus “constituyentes”. El denominador común de las y los funcionarias/os que gestionan las claques que conducen el gobierno de esta manera es la lealtad político-partidista. Los partidos que se turnan el gobierno del país son redes de negocios y fuentes de empleos e ingresos para sus allegados. Este proceder es parte de los signos de la mala gobernanza de un estado fallido. El único juicio posible será el proceso eleccionario que se avecina. Y el único veredicto contundente será votar por nuevas/os gobernantes. Nada cambiará si continuamos eligiendo a quienes se sirven del gobierno y no sirven a su pueblo.
