La gobernadora Wanda Vázquez Garced, el 17 de marzo de 2020, firmó la Orden Ejecutiva 2020-25 para brindarle servicio a las personas sin hogar en Puerto Rico, ante la emergencia del Coronavirus (COVID-19). Se supone que las tres agencias: Familia, Vivienda y Salud cumplan con la orden y activen un protocolo para atender a la población más vulnerable, que son las personas sin hogar. De acuerdo con expertos salubristas, esta población ronda entre 20,000 a 23,000. Estas cifras son mayores a las que el Gobierno hace públicas. Las entidades gubernamentales deben implementar un plan que establezca centros para poder ofrecer: servicios médicos, pruebas, aseo personal, lavado de ropa y alimentos.
No es aceptable que ha 50 días de firmada la orden ejecutiva, ésta se convierta en “sal y agua” por la inacción de estas agencias. Sería lamentable no atender con prontitud esta situación y que termine repercutiendo en miles de contagios y muertes. No es aceptable que las entidades gubernamentales le estén dando la espalda a las personas sin hogar. Es aún mas sorprendente que aunque el Gobierno Federal le asignó a Puerto Rico 2,200 millones de dólares para atender este asunto, entre otros, esto no se ha traducido en acciones visibles.
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Si el Gobierno no tiene la capacidad de tomar acción, su deber es coordinar y delegar a los 78 municipios y a organizaciones sin fines de lucro el establecer centros de asistencia para las personas sin hogar. Ha quedado demostrado que durante la reciente emergencia de los terremotos en el suroeste del País y en los pasados huracanes Irma y María, han sido los alcaldes y estas organizaciones quienes han atendido de primera mano las necesidades de sus comunidades.
Queda evidenciado el abandono del Gobierno en atender con prioridad las necesidades del pueblo. Se necesita con urgencia dar alimentos, acceso a pruebas y cuidado médico y protección a las personas sin hogar.
¡Evitemos que la crisis sea peor!
