Todos y todas los que residimos en Puerto Rico nos ha afectado la pandemia, en el ámbito social, familiar y claramente en la salud. Para miles de trabajadores y trabajadoras el impacto ha sido brutal. Por un lado la pérdida de sus empleos y por el otro enfrentar la burocracia, negligencia y dejadez gubernamental del proceso de solicitar el desempleo.
Hemos recibido múltiples denuncias de personas que, luego de completar la solicitud cibernética provista por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, han recibido un mensaje automático de que su solicitud no puede ser aceptada, que se comuniquen a un número de teléfono o por correo electrónico. Sin embargo, cuando intentan comunicarse, sus correos electrónicos no reciben respuesta, ni sus llamadas contestación, luego de esperar largas horas en el teléfono.
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Por otro lado, previo a estas crisis teníamos unas estadísticas sobre la seguridad alimentaria aterradoras: el 32% de los mayores de 18 años presentó inseguridad alimentaria, un 9% en muy baja seguridad alimentaria, el 27.7% de la población ha tenido que comer menos o dejar de comer una comida por falta de dinero y el 44.3% de las personas con inseguridad alimentaria percibieron su salud como regular o pobre, siendo mayor entre la mujeres.
Claramente ante la pérdida de empleos y la clausura de escuelas y comedores escolares, estoy convencido que todas estas estadísticas -que son manifestaciones de la pobreza y desigualdad social- han incrementado, como ha sucedido con los problemas de salud mental y violencia de género. En un país colonizado y quebrado, con políticas públicas y legislación que protegen los grandes intereses a costa de los trabajadores, incluyendo la privatización de la educación y la salud, dos pilares de la sociedad y de los derechos humanos, toda crisis como la actual pandemia, afecta desproporcionalmente a los más vulnerables de la sociedad.
Habrá que seguir dando batallas desde distintos espacios: el político para una patria nueva con justicia social; el legislativo denunciando y fiscalizando; y en los tribunales, donde organizaciones comunitarias han solicitado una orden para obligar al Departamento de Educación a cumplir con su deber ministerial y reabrir inmediatamente los comedores escolares, para proveer alimentos a la población mientras dure la situación de emergencia provocada por el COVID-19.
