Por un momento pongamos en suspenso nuestros sentimientos y opiniones sobre el nuevo gran escándalo en el manejo del tercer desastre de Puerto Rico—huracanes, sismos, COVID-19. Pensemos en abstracto sobre lo que debería ser la manera óptima de manejar la crisis, la buena gobernanza.
La gobernanza se define como: “las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país. Esto incluye el proceso mediante el cual se selecciona, se fiscaliza y se reemplaza un gobierno; la capacidad del gobierno para formular e implementar eficientemente políticas efectivas; y el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos.” (https://info.worldbank.org/governance/wgi/)
A partir de esta definición, el Banco Mundial elaboró en 1996 el “índice de gobernanza” con seis criterios para “medir” la buena o mala gobernanza: 1) libertad de palabra y rendición de cuentas; 2) estabilidad política y ausencia de violencia; 3) efectividad del gobierno; 4) calidad de reglamentaciones; 5) gobierno de ley; 6) control de la corrupción.
Si interrogamos el comportamiento del gobierno ante las crisis de los últimos cuatro años podremos inferir si su manejo refleja una buena o mala gobernanza:
- La libertad de palabra es la norma en Puerto Rico, pero desde el “chat” de julio 2019 hemos visto un patrón de ocultar información a la prensa. Varios medios y organizaciones de periodismo han tenido que recurrir a las cortes para obtener informes del gobierno que son públicos por definición. La gobernadora ha recurrido incluso sustituir las conferencias de prensa abiertas por programas cerrados prensa por la televisora del gobierno para “informar” asuntos sobre el manejo de la pandemia, en medio la crisis de salud y de un escándalo de malversación de fondos para pruebas de coronavirus.
- La estabilidad política y la ausencia de violencia se perdieron desde julio de 2019. Aunque no se puede caracterizar a Puerto Rico como un país violento, en “julio 2019” hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes que todavía no han sido investigados. También hubo cambio de tres gobernadores, uno de ellos en violación a la constitución y leyes del país en menos de un mes.
- La efectividad del gobierno es prácticamente nula. A un mes de establecerse el toque de queda y el “distanciamiento social”, no se han podido comprar pruebas suficientes para monitoreo efectivo del COVID-19. Tres secretarios de salud en menos de un mes no han podido lograr un manejo efectivo de la crisis de salud.
- Las vistas de la Cámara de Representantes demuestran que no se sigue un protocolo de subastas y compras en las agencias del gobierno. Las contrataciones se hacen mediante referidos personales de amigos y conocidos a agentes de compra nombrados por criterios políticos.
- La gobernadora anuncia decretos que restringen libertades y derechos ciudadanos, los cuales han sido duramente cuestionados por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles y el Colegio de Abogados. Asimismo, las instituciones jurídicas del–Departamento de Justicia, tribunales—se encuentran en franco deterioro, como lo demuestran abundancia de investigaciones inconclusas y referidos ignorados.
- La corrupción sigue rampante e impune, por eso no llegan las ayudas del Congreso. El caso de la compra de vacunas mediante procesos irregulares es sólo el más reciente de una pléyade de casos en los que un desastre es seguido por escándalos de corrupción en contratos para el suplido de bienes y servicios necesarios para el manejo de desastres.
En las vistas de la Cámara sobre la compra de pruebas para el COVID-19 hemos visto un comportamiento de funcionarios de gobierno que no es nuevo. En un gobierno con instituciones fuertes las compras se hacen mediante subastas públicas que son manejadas por funcionarios/as de carrera con experiencia en el campo (salud, educación). Estos funcionarios son reclutados por criterios de mérito, no por conexiones políticas. Asimismo, en países con “buena gobernanza”, a ningún alto funcionario se le ocurriría referir vía mensaje de texto a un posible suplidor a la persona encargada de compras en una agencia gubernamental. No, lo referiría al anuncio de subasta para que compitiera en igualdad de condiciones con otros suplidores. En Puerto Rico estamos tan acostumbrados a operar de manera corrupta que nos parece normal que el Rector del Recinto de Ciencias Médicas y Coordinador del Task Force Médico de la gobernadora, reciba un mensaje de texto de un “conocido” a su móvil y lo refiera a la oficial de compras del Departamento de Salud (¡!).
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Los países con buena gobernanza separan criterios e intereses partidistas de la política pública. Sus gobiernos los gestiona una tecno-burocracia que utiliza criterios de mérito para reclutar personal y de costo-eficiencia para tomar decisiones de política pública. Por no cumplir con estos criterios el Presidente Donald Trump—quien no es un dechado de virtudes—nos llama gobierno corrupto reiteradamente y nombra un monitor federal para el uso de fondos para la recuperación. Por eso se anuncia la asignación de miles de millones de dólares que nunca llegan ni se distribuyen entre quienes lo necesitan con urgencia.
El autor es catedrático e investigador en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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