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Opinión de Alejandro J. Figueroa: Ojo Congresional a malos manejos en la Isla

Lee la columna de opinión de Alejandro J. Figueroa

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El pasado martes el senador republicano, Charles Grassley, envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que pidió cuentas sobre el escándalo de la compra de pruebas rápidas de detección del coronavirus y explicaciones sobre la renuncia de varios funcionarios del Departamento de Salud.

En su misiva, Grassley expone que es desafortunado escuchar nuevamente, frente a la emergencia de salud pública de Covid-19, que se tomaran consideraciones políticas en los procedimientos de contratación de servicios y compra de productos para enfrentar la pandemia. Notó también que es desafortunado escuchar sobre la continua inestabilidad que hay en la administración de salud de Puerto Rico.

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Como parte de su solicitud de información, el también presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos solicitó un listado de las investigaciones, sobre posibles actos de malversación de fondos, iniciadas por el gobierno local. El senador fue enfático en el contrato, por casi $40 millones, que ordenaba la compra del millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus a una empresa que no tenía experiencia en la venta de productos médicos a la vez que señaló el posible vínculo de la empresa con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Específicamente, para Grassley parece que las adquisiciones y contrataciones en Puerto Rico a menudo pasan por un filtro de conexiones políticas antes de que los recursos destinados al pueblo de Puerto Rico realmente los alcancen y logren el uso previsto. Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced intimó que la carta de Grassley no era otra cosa que un ataque, y a renglón seguido sus seguidores han enfocado la atención en quien o quienes a nivel local pueden haber logrado que Grassley y su equipo de trabajo cuestionaran estos asuntos.

Este tipo de señalamiento es serio y debe entenderse como lo que es. Un cuestionamiento desde los más altos niveles del Gobierno Federal al desempeño de la Gobernadora y de su Administración. La Gobernadora ha prometido que contestará las preguntas esbozadas por Grassley en o antes de la fecha límite, 27 de abril, así que quedamos pendientes a como maneja este difícil e importante señalamiento.

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