El pasado martes continuó la vista en la Cámara de Representantes de la investigación sobre la millonaria compraventa de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Mientras más documentos reviso y testimonios escucho, me reafirmo que no estamos ante un asunto liviano o un chisme que hay que dejar pasar para continuar luchando contra la pandemia.
En la vista, surgieron una cantidad de irregularidades e ilegalidades en el proceso de la compraventa como las siguientes: no se verificó la compañía que supliría las pruebas rápidas; no se consultó con la Secretaria del Departamento de Salud, quien es la entidad que solicita la compra; no se verificó si las pruebas rápidas contaban con el aval de la FDA; no se verificó el precio en el mercado de las pruebas rápidas; no se solicitó cotización a otros suplidores; entre otros.
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Cualquiera puede inferir, que estas irregularidades en este proceso de compra se deben a la negligencia de las personas envueltas en el mismo. Sin embargo, cuando nos adentramos en la identidad de los protagonistas de este esquema, nuevamente la sombra de la corrupción y la intención sustituye a la negligencia que originalmente sospechamos.
Resulta, que la persona que representa a la compañía que suplirá las pruebas es el Lcdo. Juan Maldonado, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, que renunció a dicho puesto tras una controversia con la utilización de las lanchas de Vieques para la boda de un millonario.
Por otro lado, la analista de compras de Salud, encargada de solicitar la cotización y servir de enlace con el Lcdo. Maldonado es la Sra. Mariel Rivera –con solo 3 meses de experiencia en Salud y exempleada de confianza de la ex-comisionada electoral del PNP Norma Burgos- quien testificó “cándidamente” que no consultó la compra millonaria de las pruebas con la Secretaria de Salud; que no investigó si las pruebas eran aprobadas por la FDA; que no indagó a que se dedicaba la compañía proveedora de las pruebas; y que no consultó los procesos de Hacienda y OGP para autorizar compras mediante un adelanto del 50% del pago total.
El clientelismo político ataca nuevamente en momentos de crisis y los mismos de siempre quieren sacar provecho a expensas del dolor humano. No lo podemos permitir.
