Esta semana la Junta de Gobierno de la UPR aprobó en medio del aislamiento obligatorio un aumento sustancial a la matrícula de las Escuelas Elemental y Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, así como una nueva cuota mensual de $300. El objetivo, según la Junta, es agregar $2,765,000 al pote.
Una vez más, insiste nuestro gobierno en tratar la educación pública como un modelo de negocios cuyo único objetivo es aumentar ingresos y disminuir gastos; o al menos, así es como han querido justificar todas las acciones que han tomado para desmantelar la educación pública y hacerla más inaccesible, aunque ninguna haya provisto los ahorros o ingresos prometidos. Al final, tanto el cierre del 42% de nuestras escuelas públicas, como los recortes a la fórmula de presupuesto de la UPR y los aumentos en los costos por crédito, lejos de producir ganancias económicas o sociales; deterioraron nuestro sistema educativo, dispararon la desigualdad económica y privaron a miles del derecho a una educación pública de calidad.
Lo que no acaban de entender nuestros oficiales gubernamentales es que la educación debe ser vista como una inversión, donde se busque maximizar el rendimiento de unos recursos económicos en la formación de recursos humanos que tengan un impacto económico y social que supere lo invertido.
Durante los últimos 107 años las escuelas laboratorio de la UPR se han distinguido por sus abundantes y consistentes cosechas de seres humanos integrales que han sido fundamentales en la construcción de nuestro país; desde científicos y académicos, hasta abogados, ingenieros, políticos, médicos, maestros, artistas, atletas y músicos. Todos de distintos trasfondos socio económicos e ideológicos, pero educados y formados bajo un mismo modelo de enseñanza aprendizaje que inculca en sus participantes a través de la propia experiencia escolar: la investigación, el análisis, el pensamiento crítico, la creatividad, la defensa de las ideas y de los derechos humanos, así como la importancia de los principios democráticos y de justicia social.
Para una administración que al día de hoy ha gastado $100.5 millones en publicidad, $32.6 millones en relaciones públicas, $17 millones en un contrato de 5 meses dizque para enseñar valores y que ahora pretende gastar $3.5 millones en un plebiscito que no es vinculante; los $2.7 millones que pretende recaudar haciendo inaccesible la educación pública de calidad provista por las escuelas Elemental y Secundaria de la UPR, es “petty cash”. La realidad detrás de todo, es que la educación que allí se provee es poder y precisamente eso, es lo que buscan quitarnos.