La prioridad en estos momentos es la salud del pueblo, combatiendo el contagio del Coronavirus. Tenemos que asegurar el aplanamiento de la curva (flattening the curve) de la infección del coronavirus.
Se destacan en este esfuerzo, la medida de la gobernadora Wanda Vázquez de que nos quedemos en nuestras casas para evitar contagios siguiendo los protocolos exitosos probados en otras jurisdicciones. Esto, unido a iniciativas como las de la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, de establecer con prontitud un servicarro para las pruebas del coronavirus son críticas en detener la pandemia. Felicitaciones a ambas por decisiones acertadas. La integración del Gobierno central y de los alcaldes en la ejecución de medidas preventivas, fuera de líneas partidistas, es crucial para el éxito de este esfuerzo salubrista.
Las medidas económicas implantadas por la administración proveen asistencia económica a nuestro pueblo mediante pagos de incentivos desde $500.00 a trabajadores por cuenta propia, $1,500.00 a pequeños negocios y otros incentivos. Esta primera fase alivia el bolsillo del pueblo a corto plazo estabilizando el consumo de productos y servicios esenciales durante la crisis. Sin embargo, debemos atender lo inmediato y planificar para lo siguiente, que puede ser una crisis económica y social nunca antes vista. La Legislatura debe evaluar una segunda fase de medidas para asegurar los empleos en el sector privado, la continuidad de servicios por el tercer sector (instituciones sin fines de lucro y líderes comunitarios) y el desarrollo sostenible económico del sector empresarial local.
Esta crisis la vamos a superar, pero ya se asoma la consecuencia nefasta de la crisis económica para nuestros pequeños y medianos comerciantes locales (pymes y para el pueblo trabajador. El Tesoro federal en unión al Congreso y la Reserva federal aprobaron medidas e iniciativas que van a inyectar liquidez al sistema, destacándose préstamos a los pequeños negocios. En Puerto Rico, debido a la contracción económica que hemos sufrido por la pasada década, en particular las pymes y sus trabajadores, se requiere unos incentivos específicos y rápidos para este sector.
Actualmente, hay billones en liquidez en nuestra caja, separados para negociaciones con los bonistas. Sin embargo, de esa cantidad hay una porción billonaria que proviene de incrementos en recaudos en exceso del plan fiscal. Por lo tanto, no estaban considerados originalmente para el pago de la deuda. Bajo la Ley Promesa, el Congreso estaba obligado a otorgarle a Puerto Rico un mecanismo de Desarrollo Económico. Esta inversión en nuestros trabajadores y empresarios locales puede ser esa medida.
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Recomiendo que se invierta directamente en retener los empleos de las pymes.
Estos fondos del exceso de recaudos se utilizarían para pagar como mínimo el 50 % de los salarios de los empleados de pymes por un período mínimo de 90 días. Esto le daría al empresario local la oportunidad de seguir operando. Además, les garantizaría el empleo a nuestros trabajadores, manteniendo nuestro capital social empleado y energizando la economía. La decisión financiera para la Junta de Control Fiscal debe considerar que es en el mejor interés de todas las partes (pueblo trabajador y bonistas) que Puerto Rico tenga una economía vibrante y sostenible.
Las pymes son el motor de nuestra economía y la herramienta más segura para un desarrollo económico sostenible. Si no protegemos este sector y sus empleos, no tendremos la capacidad de proveer servicios esenciales ni cumplir con el pago a los bonistas.
Los economistas han indicado una posible pérdida en la economía, superior a tres billones, debido al coronavirus. Invertir primero en nuestra economía local es la prioridad que nos permitiría luego cumplir con los bonistas. No invertir ahora en nuestras pymes y los empleos que generan es condenarnos a una terrible contracción económica que destruirá nuestra fibra social y económica, con una Junta de Control Fiscal permanente y una controversia con los bonistas sin solución aparente.
Una inversión de tres billones ahora en nuestra economía es el comienzo de frenar la debacle económica. Además, les brinda confianza a los inversionistas locales y foráneos de que Puerto Rico tiene el control de su desarrollo económico y la capacidad de cumplir con sus obligaciones. Utilizar los fondos separados para el pago de la deuda para proteger los empleos e incentivar al empresario local es, en este momento, una necesidad histórica y necesaria para salvar nuestra economía. En cualquier reorganización en quiebra, se le permite al deudor organizar sus operaciones y finanzas para poder cumplir con sus obligaciones y mantener operando el negocio.
Además, recomiendo una medida para que cualquier deuda que tenga un patrono o un trabajador con una agencia o municipio cualifique automáticamente para un plan de pago de 36 meses sin intereses. Esta medida incluiría pagos de utilidades, electricidad, agua y otros. Legislar esta medida en el sector privado requiere consideraciones legales complejas, pero exhorto a la Legislatura a ponderarlas.
Para evitar la emigración de nuestros jóvenes universitarios, recomiendo incrementar en un 10 % lo empleos requeridos a las compañías con decretos de exención y un mínimo de empleos adicionales a los Ley 20-22. Se reclutaría exclusivamente jóvenes graduados de la universidad en los pasados 36 meses.
Tenemos que evitar una nueva ola migratoria como la que sufrimos a consecuencia del huracán María. Reconocemos que los decretos son contratos, pero esto sería una medida temporal por la emergencia nacional.
El liderato en las medidas de desarrollo económico debe de potenciarse en nuestra Legislatura. Tanto el Senado como la Cámara han demostrado que pueden armonizar distintas posiciones atendiendo con sensibilidad a nuestro pueblo, lo demostraron en la legislación pos-María, la cual fue rápida y decisiva. Exhorto a la Legislatura a que protejan a nuestros trabajadores, a los empresarios y comerciantes locales, como siempre lo han hecho, según se ha demostrado en su historial legislativo.