El estar en cuarentena durante estos días como consecuencia de la crisis del coronavirus provoca mucha reflexión sobre lo que estamos padeciendo como país y, sobre todo, lo que tenemos que reconstruir y transformar. Esta crisis es —en primera instancia— de salud pública, y la respuesta ineficaz, e incluso negligente, del Gobierno es consecuencia de un sistema de salud privado, cuyo objetivo es el lucro y no la protección del derecho humano a la salud. No podemos olvidar que en Puerto Rico existen miles de personas que no tienen ningún plan médico, que se radican anualmente miles de reclamaciones sobre servicios médicos denegados y que estos problemas de salud, al igual que la pobreza, tienen un estrecho vínculo con la desigualdad social.
Esta crisis, al igual que las anteriores, tiene como uno de sus protagonistas a los mismos de siempre, a la clase trabajadora que recibe el golpe por la ausencia de trabajo y, por consiguiente, de salario, los jóvenes con empleos en precario a tiempo parcial, las jefas de familias con salarios miserables y los que tienen contratos por servicios profesionales, que no recibirán ninguna compensación. Tampoco olvidemos que estamos en el país donde la política pública laboral es que los trabajadores son un “costo más”, y la draconiana reforma laboral es la muestra más reciente.
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Durante las emergencias de María y los sismos, llegamos a la conclusión de que el manejo gubernamental fue un gran desastre. Desafortunadamente, no hay un mínimo de esperanza de mejoría, órdenes ejecutivas redactadas con graves problemas legales y constitucionales, las constantes medias verdades, falta de información y precariedad intelectual en temas importantes y complicados han provocado otra ansiedad colectiva. Nuevamente, la solidaridad ciudadana y el apoyo social serán las respuestas a la crisis.
Por otro lado, la crisis colonial se agudiza. Las decisiones sobre las pruebas del coronavirus son tomadas y controladas por una agencia foránea que nos coloca últimos en la lista. No tenemos control de nuestros aeropuertos, y el Gobierno tiene que suplicar permiso. Una vez más, estamos alejados del resto del mundo, donde la solidaridad y cooperación internacional es la orden del día.
Nuevamente, queda demostrado que la descolonización de Puerto Rico es imperativa para seguir trabajando por una nueva sociedad, libre, justa y solidaria.