Lo que pasa con la transparencia es que no admite puntos medios. Se es o no se es. La transparencia “condicionada”, esa que se hace de rogar y que busca excusa tras excusa, no es otra cosa que obstruccionismo disfrazado. Y eso, señores, parece ser el caso con el informe sobre la administración del famoso almacén de suministros de Ponce descubierto por un ciudadano el pasado verano.
El descubrimiento fue escandaloso. Incendió nuevas protestas en la esquina de la famosa “calle Resistencia” y, en medio de aquel furor público, se invocó la transparencia.
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Llegaría encarnada en un informe detallado que tenía que estar en el escritorio de la gobernadora en un plazo contundente: 48 horas. Ni más ni menos. Y allí estuvo, antes del plazo previsto.
Pero la transparencia invocada sufrió su primer tropiezo. Aquel informe urgente, muy urgente, ahora era secreto, muy secreto. Su contenido había sido referido al Departamento de Justicia para ser utilizado, presumiblemente, junto a otros elementos, como parte de una investigación. Porque, como usted comprenderá, un informe comisionado por el gobernante de turno no es ni remotamente una investigación criminal o administrativa del Departamento de Justicia, sino —tal vez— parte de ella. Pero Justicia optó por el silencio. Y remató afirmando que, para conocer el detalle de lo ocurrido con los almacenes, muy bien podrían transcurrir unos tres años. Todo un alivio. La transparencia llegaría con la demora de casi un cuatrienio.
El Gobierno se nos revelaba como una suerte de monstruo de dos bocas. Una criatura bipolar que por un lado dice “pi” y por el otro “pa”. Por un lado, la secretaria de Justicia Denisse Longo ha justificado la falta de transparencia sin precendentes, invocando la ley orgánica de esa agencia, cosa que ninguno de sus antecesores (ni siquiera su jefa, la gobernadora Wanda Vázquez) había invocado antes.
La secretaria se planteaba como una suerte de institutriz que buscaba educar a la prensa y a los ciudadanos sobre por qué ocultar información que, de ordinario, era divulgada por secretarios previos, no era ya un valor, sino una falta.
Así, Longo no podía hablar de nada con alto interés público. No “puede” hablar del contenido del informe del almacén. Tampoco revelar por qué razón se investigaba al secretario de Agricultura.
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Tampoco sobre si después de 10 meses se había terminado la pesquisa que establecería si la fusión de dos compañías para la operación del Puerto de San Juan constituye un monopolio o no.
Tampoco sobre por qué decidió cerrar la investigación sobre el famoso chat de Telegram sin insistir en que las partes que no habían entregado sus teléfonos celulares lo hicieran.
Tampoco revelar si aconsejó o no a la gobernadora restituir en su posición a Surima Quiñones, la funcionaria investigada en el Departamento de la Familia por alegada utilización de suministros de los terremotos en el sur con fines partidistas.
Por el otro lado de la cabeza gubernamental, la gobernadora ha intentado distanciarse del “secreteo” como política pública en Justicia. El pasado 19 de noviembre, al preguntársele sobre la nueva relación de Justicia con la información que, como uso y costumbre, se entendía como pública, Vázquez explicaba: “Lo que le puedo decir es que esa política pública que ha tomado la secretaria de Justicia no era la política pública que yo había asumido. Yo creo que el pueblo necesita saber (…)”. El problema es que, si Justicia se aferra a sus secretos, lo hace con el permiso de La Fortaleza. La “política pública” nunca ha sido discreción de los jefes de agencias, sino del Ejecutivo. El ping-pong entre La Fortaleza y Justicia ha tenido hasta ahora el efecto de dilata, de estirar el chicle y cerrarnos en la cara la puerta de la información. Pero ya ha sido suficiente.
Quien quiere ser transparente, los es y punto. Las excusas son solo buenas para quien las da.
