Opinión de Denis Márquez: "Crimen contra Puerto Rico"

Hace unos días se dio a conocer la más reciente estocada al país de la Junta de Control Fiscal: el acuerdo con los bonistas de las obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico. Alegan que este es beneficioso para el país y que debemos aceptarlo sumisamente. Al igual que con el acuerdo de Cofina y el de la Autoridad de Energía Eléctrica, salen ganando los de siempre, los fondos buitres y sus grandes corporaciones, quienes han comprado gran parte de la deuda pública a precio de “pesca’o abomba’o” y quieren enriquecerse a costa del Pueblo.

En este maldito acuerdo, la Junta insiste en mutilar las pensiones —mediante una rebaja de 8.5 % a las mismas- con una consecuencia directa: el empobrecimiento de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, con efectos catastróficos para su salud y calidad de vida.

A todo esto le añadimos que, con dicho acuerdo, pierden, en promedio, el 98 % de sus reclamaciones sectores de los acreedores locales que son contratistas y suplidores del Gobierno, mientras que por otro lado se les garantiza a los buitres el pago de su deuda. Para colmo, este acuerdo está sujeto a un inexistente crecimiento económico que a todas luces nos llevará a otra quiebra en condiciones mucho más onerosas que las actuales.

Recomendados

Culmina el periodo para solicitar el voto ausente o voto adelantado para las primarias de junio

El universo creativo en Poli/Gráfica desafía las normas y explora las presiones existenciales

Abierto el DE a medidas ecoamigables inmediatas para lidiar con el calor

A toda esta atrocidad se suma el aumento al costo de la energía eléctrica, que, inevitablemente, resultará del acuerdo con los bonistas de la AEE, según se reconoce en el borrador del proyecto de ley, siendo un golpe mortal a miles de familias y comercios en Puerto Rico. Todo indica que estos acuerdos van a requerir legislación, por lo que no solo estaremos atentos a cualquier proyecto que refrende este crimen social, sino también a las ambivalencias de la gobernadora y su mayoría legislativa, y lo combatiremos en todos los frentes políticos.

En 2006, el Gobierno PPD impuso el IVU mediante la Ley de Justicia Contributiva para “salvar” el crédito del país. Catorce años después, la Junta, fungiendo como agente de cobro de los buitres, comete otro crimen contra Puerto Rico mediante este acuerdo que solo significará más miseria y empobrecimiento para el país.