Los altos costos energéticos impiden el desarrollo económico de Puerto Rico y gravan innecesariamente las finanzas de las familias puertorriqueñas. Por un lado, la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de más de 1.3 millones de abonados residenciales se ha convertido en una segunda hipoteca. Por el otro, el costo energético estrangula la capacidad financiera de todo tipo de negocio, desde el más grande hasta el más pequeño, y día a día provoca el despido de miles de puertorriqueños y hasta el cierre de centros de trabajo.
Hoy, sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que vivimos el momento más crítico de la historia energética de Puerto Rico. No importa el día ni la hora, la reducción de los costos de energía domina los temas de discusión donde quiera que vamos. En muchos casos, la discusión se centra en los méritos de permitir que el sector privado entre en la producción de energía en aras de atender un problema que nos afecta a todos. Como parte de esa discusión sobre el rol del sector privado en el tema energético, hay que reconocer que ha sido bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se han desarrollado las primeras iniciativas de gas natural, carbón y energía renovable con alianzas entre la AEE y el sector privado, modelo que ha demostrado ser exitoso.
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Mientras sigamos entretenidos con la discusión, la isla se seguirá vaciando y las empresas que se ven impactadas por el alto costo de la energía a nivel local seguirán buscando donde relocalizarse. Si algo ha quedado claro para todo Puerto Rico es que el no actuar pone en riesgo el desarrollo económico de la isla y la salud de nuestra gente.
Las soluciones han sido presentadas y deben ser adoptadas. Teniendo las soluciones de frente, hay que dejar atrás el asunto político y poner a Puerto Rico primero actuando con el sentido de urgencia que este tema requiere.
