Una indignación colectiva retumbó a lo largo y ancho del país ante el nuevo capítulo de negligencia criminal del Gobierno de Puerto Rico. Como consecuencia de una acción ciudadana, se descubrió la existencia de un almacén del Gobierno en Ponce repleto de suministros sin repartir, necesarios para socorrer a miles de familias que están sufriendo las consecuencias de los sismos ocurridos en el área sur, muchas de las cuales aún no se recuperaban de los estragos del huracán María.
Esta situación es otro ejemplo del desprecio e incompetencia del Gobierno. Un Gobierno que ya le falló país durante el proceso de recuperación del huracán María, contratando compañías corruptas para restablecer el sistema eléctrico, mintiendo descaradamente sobre el número de víctimas, abandonando miles de cajas de agua en Ceiba y rechazando investigar el esquema fraudulento de los vagones de suministros desaparecidos que denunciamos desde el PIP. Todo esto mientras delinquían, discriminaban y se burlaban del dolor del pueblo en su infame chat.
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Ahora, con nuevos protagonistas, pero con las mismas actitudes de incompetencia y negligencia criminal, se reparten la culpa entre ellos, con la excusa de que ignoraban o desconocían la existencia de estos suministros almacenados. Pero todos sabemos que son culpables. Culpables de no cumplir con las responsabilidades de sus puestos políticos; culpables de no ser solidarios con los que sufren las consecuencia de los desastres naturales y la desigualdad social; culpables de trasladar sus peleas de primarias a la gestión pública en perjuicio del país.
Pero son también culpables —junto con las administraciones PNPPD del pasado— de que la infraestructura pública sea un desastre, del debacle y abandono de nuestro sistema eléctrico, de que a las escuelas y demás edificios públicos no se les dieran el mantenimiento, la rehabilitación y las inspecciones para soportar terremotos. Son culpables de la pobreza y la falta de recursos que sufre el país, dándoles la espalda a las principales víctimas de las desgracias sociales y económicas que nos agobian.
El pueblo los ha juzgado, rechazándolos en la calle, reclamando justicia, exigiendo renuncias y cambios trascendentales. Llegó la hora de que el electorado dicte sentencia y los declare culpables para exigir y comenzar la construcción de una nueva patria.
