¿Se enfrentará la Corte Suprema a la administración Trump en el 2020? Esta pregunta es sumamente importante y, aunque los casos pendientes ante el Supremo federal no son discutidos con frecuencia en la isla, afecta la vida de todos los puertorriqueños, así como el futuro de la democracia constitucional en los Estados Unidos.
El presidente Trump ha tomado posiciones legales distintas de las de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos, llegando a extremos peligrosos mucho más allá de lo que permite la Constitución. Pero alguno de los cinco jueces conservadores en la Corte, ¿estará dispuesto a unirse a los cuatro jueces liberales y decidir formalmente que Trump ha trasgredido los poderes que le concede la ley máxima de la nación?
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Tomemos, por ejemplo, su cancelación del programa de acción diferida para los inmigrantes que llegan a EE. UU. en su infancia (conocida como DACA, en inglés), una acción que pone en riesgo de deportación a más de 700,000 llamados Dreamers. El presidente Obama creó DACA para permitir que los inmigrantes traídos a los Estados Unidos como niños continúen viviendo y trabajando aquí siempre que cumplan con ciertos criterios, como completar la escuela o servir en el Ejército y evitar ciertos problemas con la ley.
Parecería lógico que este debería ser un caso fácil para el Supremo. Una acción administrativa, en este caso cancelar un programa que cubre a cientos de miles de residentes de EE. UU., requiere una razón articulada y legítima. Cada tribunal inferior que ha tenido que pasar juicio sobre la acción del presidente Trump, independientemente de si el juez fue designado por un demócrata o un republicano, ha fallado en contra de la administración, sosteniendo que no había base razonable para la rescisión de DACA.
Pero lo transcurrido durante los argumentos orales ante la Corte Suprema el 12 de noviembre de 2019, genera poca esperanza de que uno de los jueces conservadores se una con los cuatro jueces liberales para producir una sentencia en contra de Trump. Si el tribunal falla a favor de Trump en los casos pendientes, estaría efectivamente diciendo que el presidente está por encima de la ley. Tal decisión dañaría irreparablemente los controles y equilibrios integrales a la separación de poderes bajo la Constitución.
