Esa escena nos sacudió a todos. Saber que una mujer y sus dos hijos murieron a pocos días de la Navidad en medio de un aparatoso accidente nos estremeció. Tras las lágrimas, llegaron las preguntas: “¿Qué pudo haber provocado el accidente?”, nos cuestionamos todos en mayor o menor grado.
Pero más allá de las razones inmediatas de la pérdida, lo ocurrido con esta familia nos debe llevar a reflexionar sobre el presente que nos ha tocado vivir. La madre que falleció junto a sus hijos era una de tantos obreros para quienes el trabajo es necesidad esclavizante. Ya no solo una responsabilidad que permite una vida digna, sino una racha de horas sin descanso que a duras penas alcanzan para empatar la pelea, pero que nunca se convierten en el acceso a la estabilidad financiera.
PUBLICIDAD
Como ella, cientos de puertorriqueños viven esclavos del trabajo. Nómadas entre un trabajo y otro, con poco espacio para la atención de sus hijos o seres queridos. Los números hablan por sí solos. Según el Gobierno de Estados Unidos y sus guías socioeconómicas, el 60 % de la población local vive bajo el índice de pobreza.
De hecho, un estudio sobre el tema de la seguridad alimentaria publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico apunta a que cerca del 33.2 % de la población local vive bajo inseguridad alimentaria. Esos números tienen sentido cuando tomamos en consideración que la mitad de la población local (1.3 millones de personas) se alimentan gracias a la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional, conocido como el PAN. O lo que es lo mismo: unas 712 mil familias comen gracias a los cupones de alimentos.
El resto —estoy seguro que usted lo sabe— tiene múltiples trabajos para lograr ofrecer a los suyos una vida digna.
Pero mientras los indicadores internacionales apuntan a que la desigualdad social continúa en aumento (los pobres son más, la clase media es más pequeña y los ricos siguen siendo ricos) ninguna de las iniciativas del Gobienro local o su contraparte en Estados Unidos coloca este asunto en el tope de su agenda. Por el contrario, durante más de una década, la política pública de todos los Gobiernos locales ha sido la del recorte de los derechos laborales, la desreglamentación de las protecciones a los empleados y la eliminación de beneficios. ¿La premisa? Que hacerlo pondría la casa en orden y nos alejaría de la crisis. ¿La realidad? Que luego de más de 10 años de recorte, tras recorte tras recorte, lejos de poner la casa en orden, la isla no ha salido de la crisis, la economía no se recupera y los empleos que esos recortes traerían se han quedado en una lista de deseos.
El panorama no luce distinto a futuro. La Junta de Control Fiscal insiste en recortar de renglones como las pensiones y la cubierta de salud. Mientras lo hace con una mano, con la otra se negocian aumentos obscenos a la factura de luz. ¿Quieren vaciar la isla? Es lo único que tiene sentido cuando ninguna de las políticas públicas impulsadas por Estados Unidos o el brazo de su Congreso, la Junta, van en la dirección de la recuperación, sino en la de hacer que las carencias de la población echen raíces aún más profundas.
