Hace ya varios años que a nivel internacional se ha estado analizando la correlación entre el populismo y severas limitaciones a la libertad de prensa. La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras vinculó estos dos fenómenos directamente en un informe publicado en el 2017, en el que explicaban que “desacreditar a los medios es el arma preferida de quienes son antisistema”. Incluían en la lista de populistas que empleaban esta estrategia a Donald Trump, Nigel Farage y Beppe Grillo, entre otros. Localmente, habría que añadir en esta a Thomas Rivera Schatz, cuyo récord en este tema es conocido, y al representante Manuel Natal, cuyos ataques a periodistas y a medios de prensa esta semana delatan una preocupante inclinación autoritaria.
Interesantemente, el principal objeto de la aversión de ambos es la familia Ferré Rangel, dueños de los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora. Si bien habrá razón para criticarlos, como la habrá también con este medio o con este columnista, amenazarlos con investigaciones o con afectar sus intereses económicos por diferir de su cobertura de algún tema es un precedente peligroso, máxime cuando se ostenta o se pretende ostentar el poder del Estado.
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Sin duda, intereses y dedos amarrados tendrán, y para señalar esos conflictos podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Ese mismo derecho, sin embargo, es el que les permite a los periódicos publicar lo que crean. Tomar represalias contra ellos, como amenazó Natal en un tuit en el que también hacía referencia al dueño de Noticel, es establecer un árbitro público a lo que se debe decir y a lo que no. Al final del día, acabaría incidiendo sobre el derecho que todos tenemos como ciudadanos. No le toca a un oficial público decidir lo que se puede publicar y lo que es fake news; le toca a un público educado e informado.
El funcionario, por supuesto, podrá, en el ejercicio de sus derechos, criticar al medio o al periodista, aunque, ciertamente, alguna discreción deberá ejercer para no incitar a sus seguidores. De igual forma, debería cuidarse de no pretender ser quien decida si alguien es periodista o no. A Jonathan Lebrón Ayala, reportero y editor, Natal lo ninguneó aludiendo a que no era un periodista, y que su programa era de chismes. De nuevo, no le toca al funcionario, cuyo salario y puesto se los debe al pueblo, decidir a quién le cabe el título.
La prensa, en una sociedad libre, tiene sus defectos, pero es preferible a una prensa controlada por burócratas que dicen representar el pueblo. Son muchos los poderes que les otorgamos a nuestros oficiales electos cada cuatro años con nuestros votos; decidir sobre lo que decimos no puede ser, jamás, uno de ellos.
