Durante décadas, los Gobiernos del PPD y del PNP utilizaron distintos mecanismos para invisibilizar e intentar desaparecer al independentismo de la acción política, del Gobierno y del proceso electoral. El método principal: la persecución política, a través del nefasto carpeteo, que coartó las posibilidades electorales y provocó sufrimiento en la vida de muchos patriotas.
De igual forma, han manipulado, escondido y alterado nuestra historia y utilizado el sistema de educación pública y comunicaciones para promover su propaganda de falacias y miedos hacia la independencia.
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Mediante el “clientelismo político” —en una descarada contraposición al principio de mérito— llenaron las agencias y corporaciones públicas de grupos partidistas de empleados públicos para adelantar sus agendas políticas y de estatus, vetando, en múltiples ocasiones, la entrada de profesionales cuyo gran “pecado” era creer en la libertad de Puerto Rico.
El poder judicial no ha estado exento de este control. El criterio principal que se utiliza para la inmensa mayoría de los nombramientos de jueces es su vinculación con el partido de turno y han politizado nuestro más alto foro —el Tribunal Supremo— alterando su composición para manipular sus mayorías.
Ahora van por más. Desde finales de la década de los ochenta, el PIP ha tenido presencia en la Comisión Estatal de Elecciones. La labor de sus funcionarios y empleados ha sido pieza fundamental para garantizar la pulcritud de nuestro proceso electoral, en especial de las elecciones y sus resultados, además de ser la voz fiscalizadora en dicha institución.
La mal llamada “reforma electoral” tiene como agenda principal la expulsión de los garantes del derecho al voto, de los promotores y custodios de la confianza en nuestro sistema electoral, para silenciarnos e institucionalizar el fraude y el bipartidismo.
No aprendieron nada del reclamo reciente del país demandando justicia, democracia y transparencia. La última palabra de esta intentona la tendrá la gobernadora, quien tendrá que decidir si será cómplice de esta conspiración antidemocrática o cumplirá con su deber de actuar en defensa de un sistema electoral justo y balanceado. Mientras tanto, continuaremos defendiendo, desde todos los frentes, el derecho del independentismo a existir para ejercer nuestra acción política y seguir luchando por un país más justo y solidario.
