El mensaje nefasto que envió ayer la mínima mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico al amonestar al profesor Carlos Díaz Olivo es que los abogados calladitos se ven más bonitos.
Nadie se atreva a denunciar irregularidades que percibe en el proceso judicial. Nadie se atreva a velar celosamente por los intereses de sus representados. Piénselo cualquiera antes de asumir un caso pro bono, pues pueden tirarle la maquinaria entera encima. Mejor váyase bajito por la orillita, debajo del radar, sin que nadie lo vea. Es más, entregue a su cliente a mondongo porque, aquí en Puerto Rico, estar de buenas con todo el mundo es nuestro sueño caribeño. Olvídese de pedir la excelencia y el rigor, lo importante es caer bien como un billete de $20.
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Al igual que alguien que se tapa los oídos porque no quiere escuchar algo que no le agrada, la Rama Judicial optó por desoír los planteamientos que hacía un abogado sobre lo que percibió como el trato mediocre, deshonesto e injusto por parte de varios jueces y juezas. Pero, a diferencia de alguien que simplemente se tapa los oídos para no oír lo que le desagrada, la Rama Judicial tiene mucho poder —especialmente sobre los abogados —, y en esta ocasión lo ejerció desproporcionadamente sobre un profesional que, además de valientemente denunciar la mediocridad, ha formado por décadas a miles de abogados para que cuestionen a quienes ostentan el poder, sean arrojados y no acepten las cosas por mera inercia.
Esa filosofía contestataria —de firmeza y entereza— es lo que, lamentablemente, amonestó ayer nuestro más alto foro. Como diría una exgobernadora: “¡Qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico!”
Los jueces se escudaron en la ambigüedad de uno de los cánones de ética para cantarse ofendidos y, con ello, decir que se les faltó el “respeto” por un “lenguaje impropio”. La forma sobre la sustancia. Y la ambigüedad como amiga incondicional para martillar al que reta. De ahí, fácilmente amonestamos al imprudente este que se sale del molde y denuncia lo que muchos piensan, pero pocos tienen la valentía de articular.
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Al denunciante lo atendieron rapidito. Pero lo denunciado, que sepamos, no ha sido corregido totalmente.
Tiene razón el juez Luis Estrella cuando plantea que el referido ético contra Díaz Olivo “debió culminar con un archivo y nada más”, aunque utilizando la información suscitada a raíz de esta controversia, que nace de un caso civil, para mejorar los procesos que afectan a miles de puertorriqueños que van a los tribunales a resolver sus controversias. El juez Estrella resalta que la Rama Judicial “se vio precisada a tomar medidas correctivas a la luz de los señalamientos” de Díaz Olivo.
El Tribunal Supremo hizo malabares para establecer que la amonestación contra Díaz Olivo se debió exclusivamente a sus expresiones en los escritos jurídicos. El entrelíneas es que la amonestación emitida por el Supremo en nada estuvo influida por el rol de Díaz Olivo como figura mediática que fiscaliza a todos los actores gubernamentales, incluidos los funcionarios judiciales. Lo cierto es, sin embargo, que el trato que se le dio al profesor Díaz Olivo no fue igual que el que se le da a cualquier otro abogado amonestado. El mismo juez Estrella afirmó en su disenso: “Nos alejamos del lenguaje que ordinariamente este tribunal utiliza para amonestar, apercibir y archivar” casos.
Una nota personal. Esta columna, por supuesto, la escribo con mucho coraje y rencor. No pretendo ser neutral. Carlos Díaz Olivo fue un mentor y se ha convertido en un gran amigo. Es un excepcional ser humano que se vive su profesión apasionadamente; la única manera de ejercerla. Fui, al igual que miles de otros colegas en la profesión, su estudiante en la Escuela de Derecho de la UPR. Sus cursos siempre fueron excelentes.
Pero esta ha sido su lección magistral. Y ese pedazo de papel del Tribunal Supremo es su insignia de honor.
