Esta semana surge nuevamente la controversia pública que gira en torno a la contratación gubernamental de familiares. En esta instancia, la controversia vuelve a ocupar gran parte de la discusión por parte de los analistas políticos, noticiarios, columnistas, etc., al revelarse los contratos gubernamentales de la hija de la gobernadora Wanda Vázquez y del hijo de la secretaria de la Gobernación Zoé Laboy.
Para poder discutir este asunto de manera seria y objetiva, sin apasionamiento político, hay que dejar claro cuál es el objetivo de la contratación gubernamental. Desde mi perspectiva, la contratación gubernamental, al igual que lo que es la contratación de servicios en el sector privado, debe regirse por dos principios rectores: (i) la necesidad del servicio y (ii) la capacidad de aquel que los ofrece. Eso, y nada más que eso, debe ser lo que rige la decisión al momento de determinar si procede o no la contratación de servicios, tanto en el Gobierno como en el sector privado.
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En la medida que el ente gubernamental o privado requiere de un servicio que no puede procurar internamente, debe salir a contratarlo, y en el proceso de contratación determinar quién o quiénes pueden proveer el servicio al nivel de pericia y calidad requerido a un precio que se estime razonable. Pretender que se incluyan en el análisis criterios adicionales complica el asunto y desvía la atención de lo que es el buen funcionamiento de un aparato gubernamental o empresa privada, cuyo enfoque debe estar estrictamente centrado en la prestación efectiva de los servicios para los que fue creado.
Algunos reclamarán que en este tipo de decisiones, más allá de los principios que presento como principales, obligatoriamente hay que velar por los conflictos de interés, los amiguismos, el nepotismo, etc. Sin embargo, reitero que entrar en ese tipo de análisis distrae del objetivo principal: contratar el mejor recurso disponible al precio que se entienda razonable.
Y es que en estos asuntos de contratación gubernamental mi análisis se rige por el mismo principio que el que utilizo en el análisis de la compensación de los funcionarios gubernamentales: el fin debe ser que el Gobierno funcione de manera óptima. Para eso se requiere de los mejores recursos disponibles y, en una economía capitalista, eso requiere, por obligación, que se ajusten las compensaciones de forma tal que el Gobierno pueda competir con la empresa privada a la hora de reclutar los mejores talentos.
