Más corrupción política

Los personajes varían de cuatrienio en cuatrienio, pero la naturaleza del drama político no cambia. Se trata de funcionarios electos a la Asamblea Legislativa que se arriman a sus puestos para lucrarse y, más aún, utilizan sus oficinas como cuarteles proselitistas y centros de recaudaciones, ya sea para costear asuntos relacionados con sus campañas o, simplemente, para alimentar sus bolsillos.

Saben, ante todo, que muchas de las acciones que llevan a cabo, y a las que obligan a sus empleados, son ilegales, pero poco le importan. Han tomado cursos de ética, que son requerimientos obligatorios antes de asumir un cargo en el Gobierno, mas ignoran cada una de las enseñanzas que reciben en torno a lo que no deben hacer para honrar el servicio público.

El caso más reciente es el del legislador Guillermo Miranda, otrora presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes y miembro de la mayoría parlamentaria del oficialista Partido Nuevo Progresista.

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Miranda se vio obligado a renunciar a su escaño el pasado viernes tras filtrarse el audio de una conversación telefónica que sostuvo con una de sus empleadas y en la que evidenció que desde su oficina cameral se organizaban colectas y ventas ilegales para allegar fondos destinados a pagar los gastos de su contienda a la reelección.

El hilo del diálogo entre el ahora exfuncionario y su empleada es espeluznante. Un inescrupuloso legislador le indicaba a la dama que su estancia como trabajadora en su oficina tenía el costo de responsabilizarse en aportar de su salario a la compra de rifas y sabrá dios que otras prebendas.

“Estás adentro o no estás adentro”, se escuchó decir con aires de capo italiano a este fullero y chantajista político de poca monta.

La difusión del contenido de la llamada, que alborotó la opinión pública por su tono irracional y absurdo, provocó que tanto el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, como su homólogo en el Senado, Thomas Rivera Schatz, le advirtieran a Miranda que tenía que renunciar de inmediato. Y así ocurrió.

Miranda es una de esas joyitas que vagan por la vieja y sórdida estructura de mármol que ubica en Puerta de Tierra y desde donde se formulan las leyes que rigen nuestro ordenamiento social y político.

Pero este no es el único. En lo que va de cuatrienio hemos visto sucumbir a otros legisladores por casos de corrupción. Algunos han renunciado y otros aguardan porque se ventilen sus casos en los tribunales.

Uno de ellos es el exrepresentante Samuel Pagán, quien salió corriendo de la Cámara al ser cuestionado por otorgar un contrato de $180 mil a una empresa cuyo dueño se ha declarado culpable en el tribunal federal tras ser acusado de apropiación ilegal y corrupción.

Esa historia de corrupción, sin embargo, no es nueva y ha salpicado tanto a funcionarios del penepé como del Partido Popular Democrático.

Si repasamos la historia política del país en los pasados 50 años encontramos decenas de casos similares. Uno de los más recordados es Jorge de Castro Font, que ahora pulula por un canal de televisión con ínfulas de analista político y que hasta hace unos años estuvo tras las rejas por corrupto.

Antes de él, un exvicepresidente del Senado copó los titulares noticiosos al ser expulsado del cuerpo y hasta perder su título de abogado luego de ser acusado por usar fondos públicos para el pago de una niñera. Ese fue el exsenador del pepedé Miguel Deynes Soto.

Otro exvicepresidente del Senado, Aníbal Marrero Pérez, miembro del PNP, renunció a su escaño en medio de un escándalo por asuntos relacionados con una alegada venta de influencias.

En 1999, José Granados Navedo, quien ocupó la silla de la vicepresidencia de la Cámara por el penepé, tuvo que renunciar al revelar que había recibido $100 mil ilegales en una caja de zapatos.

También se recuerdan los casos de los penepés Edison Misla Aldarondo, que cumplió cárcel federal por delitos relacionados con la venta fraudulenta de un hospital en Manatí de la que se lucró, así como el exsenador Freddy Valentín, quien cumplió cárcel por cargos de conspiración y extorsión a contratistas.

La delegación legislativa del pepedé también tiene su historia. Ahí están las acusaciones sobre los exrepresentantes Fernando Tonos y José Miguel del Valle, así como los exsenadores Mariano Ríos, Joaquín Peña Peña, Américo Martínez, Edgardo Rosario Burgos y Julito Rodríguez.

A eso se añaden los casos de la exsenadora Maribel Rodríguez y de la exrepresentante Álida Arizmendi. Ambas renunciaron a sus escaños por señalamientos éticos en su contra, aunque tales querellas no prosperaron en los tribunales.

Asimismo, la lista de corruptos en el penepé incluye a los exlegisladores Víctor “el Búho” Marrero Padilla, Jorge Navarro Alicea, Gilberto Moreno, Rolando Silva y Norberto Nieves.

Todos estos casos hacen que la imagen de las instituciones públicas se lacere, y la confianza del pueblo hacia los organismos políticos y gubernamentales se vaya por la borda.

La ciudadanía debe ser más cautelosa al momento de ejercer su voto y considerar que la ética no tiene precio.