Una vez más tuvimos en el Congreso una pasarela para exhibir los temas de la isla sin que, al parecer, se tenga una posibilidad de que lo allí discutido vaya a tener algún resultado concreto. En la vista en la que se discutieron posibles enmiendas a la Ley Promesa, las únicos que, a mi juicio, salieron ganando, por ahora, fueron las aerolíneas que vendieron los pasajes a los puertorriqueños que acudieron desde la isla a la vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.
Ciertamente, hay que decir presente cuando se toque el tema de la isla en Washington, pero mi punto no es ese. El congresista Raúl Grijalva había mencionado que no tocarían el tema de enmiendas a la Ley Promesa y de la noche a la mañana lo “convencieron” de esa necesidad. Estamos a poco más de 13 meses de las elecciones en Estados Unidos, y el tema racial debe ser uno de los principales en la campaña contra el presidente Donald Trump y los legisladores que van a las urnas apoyándolo. Ahí está la importancia real del tema de Puerto Rico porque, al final, sobre los posibles cambios a Promesa, no creo que pase mucho, por no decir nada. El tiempo dirá.
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Una vez el Congreso aprobara, si ocurriese, enmiendas a la Ley Promesa, estas tienen que ir al Senado federal para ser ratificadas, y luego de eso, las tendría que aprobar con su firma nada más y nada menos que el presidente Trump. ¿Puede pensar alguien que Trump va a firmar enmiendas que pongan más dinero en el Gobierno de Puerto Rico y que eliminen deuda o reduzcan la supervisión del uso de ese dinero? Esas son las propuestas más importantes, desde mi punto de vista.
Dijo la Casa Blanca en julio pasado: “Los desafortunados eventos de esta pasada semana en Puerto Rico prueban que las preocupaciones del presidente sobre mal manejo, politización y corrupción son válidas”.
Dijo Donald Trump días después: “…el Congreso de EE. UU. dio tontamente 92 mil millones de dólares por alivio de huracanes, muchos de los cuales fueron despilfarrados o desperdiciados, para nunca ser vistos de nuevo”.
Dijo Mick Mulvany, jefe de Gabinete de Trump hace unos días: “Enfrentamos muchas críticas por no darle ayuda a Puerto Rico, porque pensamos que ese es un sitio corrupto. Por cierto, resultó que estábamos en lo correcto”.
Dijo Ben Carson, secretario de Vivienda federal el pasado martes sobre por qué aguantan la ayuda económica a la isla: “Mucho es dictado por el sentido común. Si tienes una jurisdicción con tres cambios de administración en un mes y en el que históricamente ha habido dificultades con el manejo de fondos…”
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Precisamente, el sentido común dicta que la vista no es otra cosa que un ejercicio mediático entre políticos locales y políticos nacionales para las gradas, para que usted crea que los de aquí tienen power en la capital federal y que los de allá se desvelan por las noches pensando en nosotros, con la esperanza de que eso redunde en alguna ganancia electoral.
¿Cuáles son parte de las enmiendas propuestas? Auditar la deuda, cancelar deuda no asegurada, que el Departamento del Tesoro pague por la Junta de Supervisión Fiscal, aunque en la discusión de este tema se plantea su eliminación, o que se le reste poderes para que el Gobierno local maneje los fondos federales como le dé la gana, definir qué son servicios esenciales, que se protejan las pensiones, que se asignen más fondos para la Universidad de Puerto Rico. Faltó en la lista “Paz mundial”. Imagine ahora el rostro de los republicanos que controlan el Senado, del presidente Trump y dígame que los ve con los ojos aguados, con sentido de culpa y dispuestos a soltar la “torta” a un Gobierno local sin una Junta de Supervisión Fiscal o limitando a este organismo a mirar desde las gradas y a dar una que otra sugerencia. No lo veo pasando.
Señores, esta semana el juez federal Gustavo Gelpí reveló que el Gobierno de Puerto Rico se tumbó 20 millones de fondos para pacientes con discapacidad intelectual para meterlos en el fondo general y usarlos en otras cosas. Lo peor de todo es que el Gobierno lo hizo habiéndolo prohibido el juez. O sea, se pasaron por… la instrucción del juez.
Eso que dijo el juez se lee en la capital federal. ¿Y dicen nuestros políticos en Washington que lo que hace falta es que los federales suelten más dinero y que bajen la guardia con la supervisión. ¡Suerte, muchachos, en las próximas vistas, el Senado y, sobre todo, en la 1600 de la Pennsylvania Avenue. ¡Me avisan para sacar popcorn!
