Uno de los mejores primera base que ha tenido Puerto Rico pronunció en 1995 una frase lapidaria: “La vida es como el béisbol”, dijo Víctor Pellot Power, “Uno lo juega bien, aunque salga mal”.
Y eso aplica al dedillo a lo que pasó ayer en la Corte Suprema federal, que escuchó argumentos sobre si los nombramientos de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal son constitucionales o no.
Es cierto que la Corte Suprema federal, probablemente, intente sacarles el cuerpo a los racistas y xenófobos Casos Insulares para decidir la controversia judicial. Es cierto que el juez presidente de esa corte dijo ayer, durante la vista oral: “Yo, simplemente, no le veo la pertinencia” a los Casos Insulares para resolver el pleito.
Y también es cierto que, muy probablemente, la Corte resuelva que los miembros de la Junta de Control Fiscal fueron legítimamente nombrados porque, en Puerto Rico, por ser una colonia (se dice territorio para ser “polite”) la cláusula de nombramientos no aplica. La cláusula que sí aplica es la de los territorios, que le permite al Congreso, en palabras sencillas, legislar como quiera con respecto a su posesión caribeña.
Pero porque la cuesta esté empinada no significa que uno no la vaya a emprender. Y por eso hay que quitarse el sombrero ante la Utier, el sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuya representación legal – compuesta por Jessica Méndez Colberg y Rolando Emmanuelli— dedicó una porción importante de su exposición a dejar consignado en el récord una protesta formal a estos casos que siguen vigentes y constituyen la ley federal.
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Jugaron bien, aunque salga mal.
Un rápido repaso histórico: luego de la guerra hispanoamericana, Estados Unidos tuvo que descifrar cómo administrar los territorios que había adquirido como botín, incluido Puerto Rico. La Corte Suprema resolvió que Puerto Rico podía ser tratado de manera distinta y desigual porque la isla, su posesión, estaba “habitada por razas alienígenas” o extrañas que “diferían en religión, costumbres, leyes, métodos de tributación y formas de pensamiento”, por lo cual administrarlas de acuerdo con “principios anglosajones puede parecer imposible por un tiempo”.
Todo el andamiaje de la colonia que conocemos hoy se fundamenta, en gran medida, en esos casos de principios del siglo XX.
Y muchas personas y entidades, no solo la Utier, tuvieron la valentía de reclamar la derogación de estos casos, aunque parezca poco probable que suceda.
El Primer Circuito de Apelaciones de Boston manifestó en su decisión que los Casos Insulares ensombrecían como una nube negra todo lo relacionado con esta controversia. Y un grupo de jueces —incluido el exjuez federal José A. Fusté— le indicó por escrito a la Corte Suprema que los Casos Insulares “descansaban en el principio insostenible” de que en los territorios “la Constitución es un menú del cual el Congreso puede seleccionar y descartar algunas secciones” a su gusto y gana.
La Corte Suprema, probablemente, validará la forma en que fueron nombrados los miembros de la Junta de Control Fiscal. Pero, para hacerlo, tendrán que, inevitablemente, echar mano al sistema de coloniaje que legaron los Casos Insulares, aunque ciertos jueces no quieran decir su nombre ni citarlos directamente.
El asunto que resolverá el Supremo puede parecer técnico, árido y complejo, pero realmente eso son legalismos creados para esconder lo que está de fondo.
La Constitución de Estados Unidos aplica en Puerto Rico solo algunas veces. Son aquellas veces que el Congreso quiere que aplique.
Con Promesa, la ley que firmó, no el retrógrado de Trump, sino el demócrata afroamericano liberal Obama, el Congreso quiso que una cláusula que aplica en todos los demás lugares —y que garantiza una separación de poderes— no surtiera efecto en Puerto Rico. Y eso se permite porque existe una cláusula territorial y porque existen los Casos Insulares.
La Corte Suprema, en 121 años, jamás ha derogado una ley congresional sobre Puerto Rico. Es poco probable que eso suceda en un caso en el que, además, hay miles de millones de dólares involucrados.
Pero que no se vaya a ganar no significa que no se vaya a jugar. Hicieron bien la Utier y los demás individuos y entidades que resaltaron lo anacrónico e injusto de los Casos Insulares en 2019, independientemente del resultado.
La vida, como el béisbol, se juega bien, aunque salga mal.