El carpeteo electrónico y la violación de derechos constitucionales que he denunciado durante todo este cuatrienio son la evolución de uno de los capítulos más despreciables y siniestros de nuestra historia.
Las nuevas generaciones no vivieron las décadas en que la División de Inteligencia de la Policía se dedicó —con perversidad deliberad— a identificar, fichar, encarpetar y perseguir a miles de puertorriqueños por cuestionar lo establecido, repudiar el colonialismo y luchar por la independencia de Puerto Rico.
El sistema del carpeteo en Puerto Rico fue un calco de las agencias represivas del gobierno de EE. UU., en particular del FBI, quienes, además, fueron los “maestros” de la Policía en el diseño y puesta en marcha de este siniestro esquema. Estos mecanismos de persecución fueron utilizados por la metrópolis —y sus colaboradores en la coloni— para, entre otras cosas, reprimir a organizaciones políticas, e incluso afectar su participación electoral, como fue el caso del Partido Independentista Puertorriqueño perseguido desde 1948 hasta 1987. La Carpeta del PIP constó de más de 15,000 páginas que incluían una diversidad de documentos, programas y actividades que denotaban el monitoreo constante durante esos años.
Toda persecución fue, y sigue siendo, un mecanismo para poner en función la “criminalización del independentismo”, e incluso, de la disidencia. El Gobierno criminaliza el cuestionamiento, la protesta, la acción y la oposición; en el pasado, por los Gobiernos del PPD y PNP, mediante las carpetas, y ahora utilizando los medios electrónicos modernos.
La nueva versión de este carpeteo electrónico es mediante la intervención en las páginas de internet y redes sociales de los protestantes, así como la toma de grabaciones en video de las marchas y protestas utilizando tecnología moderna, incluidos los llamados “drones”. El ejemplo reciente es la intervención en violación de sus derechos a medios de comunicación universitarios.
Los métodos han cambiado, pero los objetivos son los mismos: criminalizar, controlar y reprimir la disidencia. Lo he denunciado en distintos foros, radicado legislación para combatirlo y continuaré dando la batalla, porque no podemos continuar repitiendo el capítulo más siniestro de nuestra historia mediante la modernización del carpeteo y la evolución de la persecución política.