La reducción del IVU en los alimentos preparados, medida que entró en vigor esta semana, nos permite analizar cómo en la práctica opera el Gobierno. Si bien hay algunos comercios que han aumentado sus precios para quedarse con el ahorro que debió haber llegado al bolsillo del consumidor, no son la mayoría. Por ello, insisto en que el problema no son los empresarios que todos los días tratan de echar p’alante a sus familias y a su país, sino un gobierno que no funciona y que actúa de manera impensada. Veamos.
Cuando el día previo a su implantación, el secretario de Hacienda anunció que solo 5,864 establecimientos, o un 29 % de los más de 20,000 comercios que venden alimentos preparados, habían cumplido con los requisitos para poder cobrar la nueva tasa reducida, se llevó la impresión que los dueños de restaurantes eran unos pillos que no remitían a Hacienda los recaudos del IVU. Si ese fuera el caso, ¿acaso no deberíamos preguntarnos cómo el Gobierno permite tal nivel de evasión? En otras palabras, el problema sería un Gobierno que no se ha puesto a cobrarles a quienes le deben.
Claro está, ese no es el caso. La realidad es que mucho comercio no pudo cumplir no por adeudarle un solo centavo al Gobierno, sino porque el proceso y los requisitos burocráticos, entre estos, la obligación de tener un terminal electrónico fiscal que debe costear el propio comerciante, imposibilitaron su cumplimiento. Y ahí, de nuevo, vale la pena preguntarse si un sistema en el que el 70 %, de entrada, no cumple, está diseñado para facilitar o para obstaculizar.
Y finalmente, nadie se ha preguntado si este es el uso más adecuado de los recursos del Estado. De que es simpático reducirle el IVU a los alimentos preparados, lo es; a nadie le amarga un dulce. Pero por gobernar solo considerando las simpatías es que hemos acabado en tamaña crisis fiscal.
El Departamento de Desarrollo Económico estimó en las vistas camerales sobre la reforma contributiva que la reducción del IVU costaría entre $79 y $87 millones anuales. Esa misma ley, para compensar por la pérdida, aumentó varios renglones de impuestos, entre estos, la retención por servicios profesionales de 7 % a 10 %.
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¿Qué análisis se hizo para determinar que se justificaba este trueque y que esta reducción era el mejor uso de los limitadísimos recursos del Estado? Ninguno. ¿Alguien analizó la regresividad de un incentivo que le ahorrará más a quien gasta más en los restaurantes? No.
En fin, que el problema es un Gobierno que impide e improvisa, en lugar de promover y planificar.