Ya era hora.
La oposición política en Estados Unidos, y uno que otro republicano con un atisbo de decencia, finalmente decidieron utilizar el poder que tienen en la Cámara de Representantes federal para ponerle coto a los desmanes del presidente Donald Trump.
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La Cámara federal —liderada por Nancy Pelosi— inició una investigación dirigida a determinar si Trump debe ser residenciado por delitos o por traición a la patria. Es algo similar a lo que hizo este verano en Puerto Rico el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, cuando encomendó a tres juristas determinar si había base para residenciar a Ricardo Rosselló, quien decidió renunciar —como lo hizo Nixon— antes de someterse al proceso legislativo.
El suceso que ha avivado a los demócratas en Estados Unidos es una querella radicada por un whistle blower —o denunciante— de la comunidad de espionaje e inteligencia federal, en la cual relata que Trump solicitó una “ayuda” a Ucrania para que investigaran al hijo de su principal opositor político, el exvicepresidente Joe Biden.
Antes de este último escándalo, la propia Pelosi estaba renuente a residenciar a Trump. Temía que un residenciamiento le permitiera a Trump lucir como una víctima y de esa forma avivar a la derecha de su Partido Republicano. Y es algo que bien podría suceder.
El residenciamiento de Trump, probablemente, no acabe en su destitución. La Cámara solo le radica cargos, y el Senado —donde la mayoría es republicana— es el que emitiría un veredicto. Existen tres razones principales, sin embargo, para proceder con el residenciamiento, independientemente del resultado final.
La primera razón es estar del lado correcto de la historia. Cuando en 50 años se estudie el periodo actual, es importante que los historiadores den fe de que no todos los funcionarios electos permanecieron silentes y cómplices ante los atropellos de un líder gubernamental. Es fundamental que se consigne para el récord histórico que la Cámara federal actuó afirmativamente contra los desmanes, la corrupción y las mentiras de Trump. Si el Senado no quiere estar del lado correcto de la historia, allá ellos. No sería la primera vez. Recordemos que, hace no tanto tiempo, el Senado federal detenía, so pretexto de los derechos de los estados bajo la Décima Enmienda, cualquier intento de integrar las razas en el Sur y eliminar los vestigios de la esclavitud.
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Hacer lo correcto no siempre trae réditos políticos. De hecho, muchas veces provoca todo lo contrario. Pero en esta ocasión particular, el impeachment sería beneficioso políticamente.
Y esa es la segunda razón: procesar políticamente a Trump en el Congreso afianzará a una juventud y a un sector de la izquierda del Partido Demócrata que se han sentido impotentes y desesperanzados estos pasados tres años y quieren saberse dueños de su propio destino. Contar con esa ficha en 2020 —si bien es riesgosa— presenta a la oposición como gente que no le tiene miedo al bully de Trump y va para encima independientemente de las consecuencias.
La tercera razón es quizás la más sencilla y lógica, pero, por ya estar mal acostumbrados e inmunes al estilo de Trump, la pasamos por alto. El residenciamiento contra Trump es válido porque no está capacitado para ser el presidente de la nación más poderosa del mundo. Le pagó a una mujer para que se mantuviera callada sobre información que podía herirlo electoralmente antes de la contienda de 2016, en violación a la ley electoral. Se jactó de que agredía sexualmente a las mujeres al agarrarlas por sus partes privadas. Su director de campaña y su primer asesor de seguridad nacional están presos. Trump ha tildado a algunas naciones como “mierdas de países” en sus reuniones con la plana mayor de su gobierno. No atajó —hay quienes dicen que avaló— la interferencia de Rusia, antigua némesis, en las elecciones de Estados Unidos. Se salió unilateralmente de tratados ambientales, comerciales y militares sin consultar a sus aliados europeos. Le declaró una guerra tarifaria a China. En fin, la lista de su incapacidad es demasiado larga.
Hemos vivido sus desvaríos y atropellos por los pasados tres años. Así es que ya era hora. Sea por un maquiavélico cálculo político de cara a 2020, o sea porque en realidad quieren hacer lo correcto, o por un híbrido entre ambos, la realidad es que ya era hora que la oposición política actuara
