No nos llamemos a engaño. El problema de los apagones “selectivos” que hemos sufrido en las pasadas semanas no es casual. Se trata de un acto inducido, resultado de la ineficiencia de la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que a propósito ha descuidado el mantenimiento de nuestras plantas generadoras, entre otras cosas.
Así lo confirmó el propio director de generación de la AEE, ingeniero Daniel Hernández. En entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel, el funcionario admitió que el 60 por ciento de las más de 80 unidades del sistema de generación de energía de la corporación pública están fuera de servicio.
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De esa manera, quedó evidenciado que la alegada inhabilidad de la AEE es provocada por su dirección. José Ortiz, jefe de la corporación, lo sabe, mas no hace nada para lograr cambiar esa realidad.
En tanto, se exacerba la molestia en la ciudadanía, con el agravante de que tal indignación se vuelca en torno a la demonización de la corporación pública. Entonces, escuchamos por doquier argumentos contra la argüida “inservible” AEE aderezados de ideología neoliberal. Tales voces aprovechan el momento para insistir en el viejo y trillado argumento de la necesidad de avanzar en la privatización porque, alegan, es la alternativa salvadora.
Ahora, sobre el aluvión de apagones que hemos padecido recientemente es necesario señalar que la responsabilidad recae sobre Ecoeléctrica, una cogeneradora privada con sede en Peñuelas que advino al mercado energético del país en marzo de 2000, de la mano del otrora gobernador Pedro Rosselló González.
Sucede que cuando esta empresa privada enfrenta algún contratiempo, se desconecta del sistema de la AEE súbitamente, sin consultar ni rendir cuentas, dejando a miles de clientes sin servicio.
El miércoles pasado, por ejemplo, esa central privada recibió un rayo y para prevenir mayores desperfectos decidió apagarse. En consecuencia, muchos sectores del país quedaron a oscuras.
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Y lo peor, ese ente privado se hace el sordo ante cualquier reclamo ciudadano. A la sazón, el clamor popular que gruñe indignado por los apagones se vuelca a despotricar injustificadamente contra la AEE sin tomar en cuenta que el problema ha sido incitado, precisamente, por una planta privatizada.
Por eso, cuando escuchamos las declaraciones del director de generación de la AEE no podemos más que concluir que los apagones forman parte de una agenda muy bien zurcida para viabilizar el desmantelamiento de la entidad pública y propagar una falsa percepción negativa.
Sumémosle a eso la reducción en la plantilla laboral y la falta de equipo que sufre la AEE. Todo esto abona al deterioro de la agencia y posibilita su ruta hacia el libre mercado, argumentando que la privatización es la única vía para tener una generación de luz “altamente eficiente”.
El discurso que impulsa la incursión del sector privado en la generación y producción de energía es, más que peligroso, demoledor. Vale repasar cómo nuestra experiencia histórica confirma los graves riesgos que nos jugamos como sociedad al optar por ceder al libre mercado la administración de servicios esenciales, como es la luz eléctrica.
Pensemos, por ejemplo, en el pacto privatizador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), impuesto a finales de 1990 dizque para salvar la corporación pública de su debacle económica.
Refugiados en la penuria fiscal de la AAA y sus alegados problemas de eficiencia administrativa, en 1995 esa corporación pública se entregó al operador privado Professional Services Group (PSG), acuerdo que luego fue transferido a la Compañía de Aguas. Ambos convenios le costaron miles de millones de dólares al erario.
Luego, en el verano de 2002 y bajo el gobierno pepedé de Sila M. Calderón, el contrato de la Compañía de Aguas fue otorgado a la empresa francesa Ondeo, un acuerdo que por ineficiencia y altos costos tuvo que ser revertido en poco tiempo hasta otorgarle nuevamente a la AAA el control de sus operaciones.
Esas políticas contra la AAA provocaron la eliminación de más de 35,000 empleos en el sector público, además de un alto costo financiero que, en el caso de Ondeo, significó el pago de $385 millones anuales por operar el sistema de agua y unos cuantos miles de millones adicionales para rescindir su contrato.
Lo peor es que ninguna de las gestiones privatizadores contra la AAA mejoró la calidad en el servicio, ni redujo la factura. Por el contrario, creció la ineficiencia y aumentaron las multas de la Agencia Federal de Protección Ambiental por incumplimiento ambiental, costo que todavía arrastramos.
Ese es un ejemplo que debemos considerar al momento de proponer la “mano salvadora” del libre mercado como antídoto para resolver las dificultades económicas del Estado y su crisis en la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
Solo pensemos a quién reclamaremos cuando concluida la privatización de la AEE continuemos confrontando el problema de los apagones.
