El video se tornó viral.
Todos hablaban de aquella secuencia en la que un tal José forzó su acceso a la casa de una expareja, rompió las ventanas y —acto seguido— abofeteó a la mujer, a quien amenazaba una y otra vez. Si ver la escena era indignante, más lo era saber que lo que ese video captaba no acababa de ocurrir. Los hechos habían ocurrido en enero. Y aunque se había radicado una querella contra el individuo de nombre José F. Navarro Díaz, de 34 años, la Policía parecía haber olvidado el asunto. El caso revivió solo después de que el país mostró su indignación por las palabrotas, la macharranería abusiva y los golpes captados en video.
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José fue arrestado poco después de esa indignación viral. Así, como por arte de magia.
Y lo ocurrido hizo que una pregunta se paseara por mi cabeza de inmediato. ¿No que estamos ante una alerta por violencia de género? Al menos eso nos aseguró la gobernadora Wanda Vázquez, quien, luego de la presión ejercida por grupos feministas, emitió un comunicado de prensa el pasado 4 de septiembre en el que anunciaba que había decretado una alerta y se aseguraba que, al hacerlo, se exigiría a las agencias y dependencias del Gobierno que hicieran algo que parecería no ser muy complicado: su trabajo.
Porque parte importante de los reclamos de grupos de mujeres giraba —precisamente— en torno al hecho de que el país cuenta con múltiples leyes y reglamentos que permiten procesar de forma adecuada los casos de violencia de género, pero la realidad es que —en la práctica— no se cumplen.
Según el comunicado de prensa enviado por la Gobernadora, “me propongo reunirme con estos jefes de Agencia para que aseguren el fiel cumplimiento de las leyes promulgadas en sus respectivas agencias”. Pero del dicho al hecho hay siempre un gran trecho. Conversé hace unos días con el jefe de la Policía, Henry Escalera, quien me aseguraba que tras la declaración de alerta en su agencia, no había, digamos, mucho de alerta.
Por lo contrario, esa dependencia “hacía lo mismo que siempre se hacía”. Además, la Policía no había recibido instrucciones o notificación especial alguna que sustentara la alerta de la que hablaba el parte de prensa. Quizá por eso José tuvo tanto “breiquecito”. Seguro por eso la Policía se permitió acumular nueve meses antes de “recordar” que un hombre era buscado por poner en peligro la vida de una mujer.
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Ahora que casos como el de José nos reconfirman las deficiencias en la implementación de los procesos de investigación en casos de violencia de género que los colectivos de mujeres denunciaban, ahora más que nunca resulta necesario exigirle al Gobierno poner la acción donde pone la palabra.
¿Qué tanto hubo que pensar antes de decretar (con el nombre que sea) que estamos ante un problema grave de violencia de género y su atención por parte de las agencias de gobierno? ¿Qué sucede que se siguen arrastrando los pies con algo tan serio como las vidas de las mujeres de la isla? Para contestar y actuar no hacen falta nuevas reuniones. Solo las acciones sustituirán con efectividad las palabras.
