Urge plan de resiliencia

Lea la opinión de Hiram Guadalupe

Por Hiram Guadalupe

María por nuestra isla, podemos descifrar con bastante exactitud el grado de devastación que sufrimos y, lo que es peor, sabemos lo poco que hemos avanzado en los procesos de recuperación y las graves dificultades que aún tenemos para afrontar otro fenómeno natural.

Muchas de las heridas que provocó el huracán más destructivo que se ha registrado en nuestra historia contemporánea todavía están latentes.

Pensemos, por ejemplo, en la fragilidad de nuestro sistema energético; en la paralización de los trabajos de reconstrucción de nuestra infraestructura, que con tanta urgencia el país necesita; en los miles de hogares que todavía lucen toldos azules exponiéndose a sufrir más percances en caso de enfrentar lluvias tormentosas; y en el estancamiento en que se encuentran los proyectos de canalización de 13 ríos que han sido aprobados por el Cuerpo de Ingenieros pero que no arrancan.

Este último asunto es de extrema importancia porque en la isla existen proyectos de mitigación crítica que por años han quedado detenidos por el mismo Cuerpo de Ingenieros y que son, en parte, responsables de las inundaciones que sufrimos consistentemente.

Y mientras la crisis se va agudizando, el Gobierno continúa apostado a ciegas a la dependencia de fondos federales que están en manos de una administración política en Washington que ha sido firme en develar su encono y prejuicio contra el pueblo puertorriqueño.

A estas alturas, sorprende escuchar de voz de los encargados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) cómo desde esa dependencia se alteran continua y arbitrariamente los requisitos que se le imponen a la isla para el desembolso de fondos, lo que en gran parte ha sido responsable del atraso en la puesta en marcha de las obras de reconstrucción.

Es un problema político colonial, sin dudas.

Ante esos escenarios, el Gobierno tiene que actuar con sentido de urgencia para que la ciudadanía gané confianza en sus planes de acción para atajar la crisis y lograr cierta estabilidad.

La devastación del huracán María fue muy grave y nadie en la isla estaba preparado para recibir ese embate. El resultado, como vivimos, fue sumergirnos en una verdadera crisis humanitaria.

Por eso, es mayor la responsabilidad que tienen las autoridades gubernamentales para trabajar con eficiencia hacia la reconstrucción nacional y para reparar nuestra infraestructura física y social.

Y para ello, también hay que actuar con urgencia en lograr educar a la ciudadanía para alcanzar niveles mayores de conciencia pública sobre la importancia de adaptación y respuesta ante situaciones adversas junto a la capacidad para reconstruirnos con eficiencia. A eso es lo que llamamos resiliencia.

Pero de la resiliencia hablamos mucho y hacemos poco. Y cuando se hace algo en esa dirección, fuerzas extrañas impiden su desarrollo, como ha sucedido con el Proyecto del Senado 716.

A dos meses del huracán María, en noviembre de 2017, y casi previendo que dos años después estaríamos enfrentando una etapa de estancamiento en la recuperación, el senador Juan Dalmau Ramírez presentó ese proyecto de ley para crear la Ley de Resiliencia de Puerto Rico.

La medida propone que, como parte de la política pública del Gobierno, se establezcan planes que nos conduzcan a la reducción del riesgo de desastres y en los que la resiliencia sea vista como parte integral de la dimensión ambiental, social, económica y política del desarrollo sostenible.

La iniciativa legislativa establece que, para lograr los objetivos de alcanzar una sociedad más resiliente, se promovería la descentralización de la autoridad y de los recursos para impulsar la reducción de la vulnerabilidad y del riesgo de desastres a nivel municipal y regional.

El texto del proyecto especifica que la implantación de la Ley de Resiliencia de Puerto Rico requiere elaborar planes de resiliencia a nivel comunitario, municipal, regional y estatal; estimular la participación de grupos comunitarios y diversos sectores (educación, salud, transporte, medioambiente, académico, empresarial y comercial), en el análisis y elaboración de los planes de resiliencia; establecer procesos de capacitación, educación y concienciación pública sobre la necesidad de establecer comunidades y pueblo resilientes.

El proyecto fue referido a las Comisiones de Seguridad Pública, Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado, pero al momento, dos años después, no ha pasado nada.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa aún está a tiempo de considerar esta iniciativa que, como otras que se han atendido en ambas cámaras, aportan a reducir los riesgos sociales a los que nos exponemos de enfrentar fenómenos naturales tan agresivos como María.

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