El cierre de escuelas públicas en los pasados tres años ha sido un crimen contra el derecho a la educación, a la niñez puertorriqueña y a cientos de comunidades alrededor de todo Puerto Rico.
Estos cierres han tenido como consecuencia el abandono de múltiples escuelas en distintas comunidades, convirtiéndose muchas de ellas en vertederos repletos de basura, mientras simultáneamente, están escuelas cercanas con problemas de hacinamiento y maestras sin espacios adecuados para dar clases.
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Ante esta realidad, diversos grupos comunitarios, sindicales y políticos han rescatado algunas escuelas para convertirlas en espacios de talleres educativos, recreativos, servicios comunitarios, como respuesta del pueblo al crimen del Gobierno.
Dos importantes ejemplos de estos rescates han sido el Movimiento al Rescate de Mi Escuela (MARES), que rescató la escuela elemental Lorencita Ramírez de Arellano, ubicada en Toa Baja, y el Centro de Apoyo Mutuo y Resiliencia Comunitaria Las Carolinas (CAM), que rescató la escuela María Montañez Gómez en Caguas. Durante el pasado semestre, MARES ha desarrollado clínicas, charlas y conferencias sobre varios temas de interés de la Comunidad. Convirtieron una escuela cerrada en un centro comunitario de autogestión, abierto al servicio de decenas de familias. Por otro lado, CAM, desde 2017, comenzó a preparar y servir comida en el plantel escolar como consecuencia de los huracanes y el problema de seguridad alimentaria. Han servido más de 30,000 platos de comida, organizado brigadas salubristas en la comunidad y otros talleres de manualidades.
Ambas iniciativas son importantes ejemplos de visión social y trabajo comunitario.
Pero, como suele pasar en los Gobiernos que traicionan al pueblo, también han sido víctimas de la burocracia y la ceguera gubernamental de reconocer estos proyectos. Incluso, a MARES le cortaron el servicio de energía eléctrica el mismo día que nos enteramos del contubernio entre la AEE y Cobra Energy, con los consabidos arrestos.
Desde mi oficina legislativa, he apoyado estos proyectos radicando resoluciones conjuntas para traspasar la titularidad de los planteles abandonados a estas comunidades, que son verdaderos ejemplos de solidaridad y justicia social.
