Sobre la racha de violencia contra las mujeres se ha dicho suficiente.
Pero lo dicho no parece ser lo suficientemente convincente para que, desde el Gobierno, se entienda y admita que se vive una crisis de violencia machista.
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Primero, Ricardo Rosselló despachó con una de esas frases en la que, diciendo mucho, se decía muy poco. Cuando por allá por noviembre de 2018 ya eran 22 las mujeres muertas como consecuencia de la violencia de género, el ejecutivo afirmó, al ser preguntado por la firma de una declaración de emergencia: “No creo que sea prudente firmar una orden ejecutiva porque sí” . Se quejaba de que la insistencia en el decreto de una orden de ese tipo exhibía una actitud “polarizante” —vaya usted a saber por qué— y añadía que tomaría una decisión sobre el tema “de manera racional”.
El problema es que no hubo decisión práctica sobre le tema. También era problema concluir que el reclamo de declaración de emergencia se realizaba anclado en un “porque sí”. Hoy, tras la salida de Rosselló y las constantes reseñas de nuevos casos de violencia de género, la oficialidad no ha movido un dedo para responder ante la emergencia evidente.
A excepción de la medida legislativa de la ahora secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, para la creación de un proyecto piloto para once escuelas “coeducativas” que utilizan la enseñanza por la equidad como modelo, desde el Ejecutivo solo han llegado peros.
La hoy gobernadora —antes secretaria de Justicia y procuradora de las Mujeres— tampoco encontró en el pasado razones para decretar un estado de emergencia. Al preguntársele por el particular, aseguraba que “el gobernador no necesita tener que hacer ese documento para que el pueblo sepa que es de alta prioridad”. Seguro tenía razón. Después de todo, los hechos hablan más que las palabras. Pero de hechos hubo muy poco.
Toda la literatura sobre el tema confirma que la educación por la equidad es uno de los principales antídotos contra la violencia machista. Pero desde el Gobierno solo ha habido rechazo a ese tipo de medida. Si realmente hay intención de frenar la violencia de género, ¿por qué rechazar la puesta en marcha de un mecanismo evidentemente efectivo?
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Según trascendió, la Policía mantenía acumuladas y sin adjudicar unas 642 querellas por acoso sexual o violencia de género contra agentes. Pero la gerencia de la Policía no podía explicar cuántos de esos casos habían sido atendidos y adjudicados y, de paso, parecía arrastrar los pies a la hora de producir datos específicos. Si hubiera premura, habrían respuestas inmediatas.
En diciembre pasado, ante informes en torno a que cientos de safe kits con evidencia genética que podría ayudar al esclarecimiento de casos de abuso sexual seguían ataponados y sin ser atendidos en Ciencias Forenses, la hoy secretaria de la Gobernación buscó soluciones al solicitar asistencia del FBI para procesar los kits de casos de menores. Pero el personal del Departamento de Justicia asignado a la tarea de identificar las piezas a ser analizadas dentro de Forenses arrastró los pies, y los kits no habían comenzado a ser analizados. Los agentes voluntarios del FBI se habían quedado esperando. La misma Laboy promovió que la Junta de Control Fiscal asignara $3 millones para que Ciencias Forenses procesara los safe kits. Y aunque la directora de esa agencia aseguró hace meses a Radio Isla que el contrato para el procesamiento de los kits estaba encaminado, hace un par de semanas la realidad golpeó en la cara: el contrato no se había firmado y, al no usar el dinero, la Junta Fiscal amenazó con pedirlo de vuelta.
Si hubiera premura, como esa que Rosselló aseguraba que existía sin la firma de una declaración de emergencia, habría respuestas. Pero no las hubo.
Hoy, con Rosselló fuera de Fortaleza y la llegada de Vázquez, la acción oficial se ha circunscrito a una reunión para evaluar lo evaluado. Pero de acciones, muy poco.
Suficiente con el análisis. El movimiento se demuestra andando.
