Las razones que llevaron a Pedro Pierluisi a tomar por asalto —por unos días– la silla de la gobernación, van esclareciéndose, confirmando que sus intenciones eran saquear el país y proteger a sus clientes privados.
Informes de prensa señalan que, en su paso por La Fortaleza, Pierluisi citó al director de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, para negociar la forma en que Applied Energy Services (AES) podía ampliar sus negocios.
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AES es una planta en Guayama que produce energía mediante la quema de carbón. La empresa, de la que Pierluisi ha sido abogado y cabildero, es señalada como responsable de la contaminación ambiental que sufren las comunidades aledañas a la planta, pues esparce cenizas que contienen altos niveles de arsénico, que, según estudios científicos, es causante de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
A principios de año, el exgobernador Ricardo Rosselló anunció que había comenzado conversaciones con AES para que cesara el uso del carbón como fuente de energía durante 2020. La empresa, en cambio, expresó que la meta no era factible.
Sin embargo, en momentos en que Rosselló Nevares pregonaba la eliminación del uso del carbón, Pierluisi rondaba el Capitolio cabildeando apoyo para revertir la directriz gubernamental y frenar el P del S 1221 que prohíbe el depósito y la disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico. La medida fue aprobada en el Senado y aguarda discusión en la Cámara.
Hoy sabemos que las presiones que ejerció Pierluisi sobre representantes fueron fuertes, como lo han relatado miembros del oficialista PNP. También conocemos que en su agenda como gobernante estaba buscar alternativas cómodas y rentables para la permanencia de la planta AES, ya fuese consintiendo el uso del carbón como combustible o viabilizando nuevos negocios para la empresa. Sus intereses estaban en contra del bienestar y la salud del pueblo.
El cabildeo de Pierluisi a favor de AES desde La Fortaleza representó una crasa violación ética, según sostuvo el abogado Julio Fontanet en un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur.
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La Ley de Ética indica que un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él, un familiar o su socio tenga un conflicto de interés que resulte en la obtención de un beneficio para cualquiera de ellos. Tampoco podrá tomar acción sobre un tema en el que pueda haber conflicto de interés hasta dos años después de su nombramiento.
Pero hay más. En las vistas públicas camerales para evaular la designación de Pierluisi como secretario de Estado, el presidente del cuerpo, Carlos Méndez, señaló que este visitó su oficina para detener una investigación legislativa que examinaba el proceso de contratación y permisos referente al proyecto de viviendas ViewPoint at Roosevelt. La investigación que trató de detener Pierluisi revela que el proyecto no solo ha disfrutado de muchos privilegios fiscales por parte del Estado, sino que ha incurrido en varios incumplimientos, además de sugerir “conducta impropia” de funcionarios públicos.
ViewPoint es un proyecto de Desarrollos Metropolitanos, una empresa vinculada a la familia de la exayudante de Pierluisi en Washington, Rosemarie Vizcarrondo Carrión, actual asesora en política pública de la Junta de Control Fiscal. Este proyecto fue cabildeado por Noel Zamot, el ingeniero contratado por el ente federal como coordinador de Revitalización y cuya tarea era presentar propuestas de infraestructura que “aportaran” a nuestra economía.
Pierluisi, como ya sabemos, era socio capital del bufete O’Neill & Borges que, a su vez, es representante legal de la Junta.
La intervención de Pierluisi para obstruir la investigación podría representar una violación a los cánones éticos de su profesión, al igual que la incursión en delitos, según el Código Penal, razón por la que se ha solicitado una investigación al Departamento de Justicia.
Poco a poco conoceremos más sobre las ambiciones ocultas de Pierluisi al querer imponerse como gobernador. También se esclarecerán las razones detrás de la insistencia de exlegisladores y exgobernadores que, en contubernio con empresarios y medios de comunicación corporativos, insistían en la permanencia de Pierluisi porque, decían, traía “normalidad” al país y, obviamente, para sus intereses.
