El primer desafío que enfrenta la gobernadora Wanda Vázquez Garced es limpiar la imagen pública del Gobierno. Para esto, se requiere una acción contundente que inicie con la evaluación de quienes ocupan las principales posiciones en la administración en vías de comenzar una transformación en la dirección gubernamental.
La lista debe incluir a los exportavoces de La Fortaleza bajo Ricardo Rosselló Nevares, Anthony Maceira y Erik Rolón, quienes, empeñados en la “lealtad” que profesaban a su entonces jefe, tuvieron la osadía de amenazar con “volar las cabezas” de todos aquellos que se atrevieran a ser infieles al ejecutivo.
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Ambos funcionarios permanecen en posiciones clave del Gobierno, el primero como director de la Autoridad de Puertos y el segundo como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Además, por el récord de sus ejecutorias, ninguno ha mostrado buen desempeño en sus cargos.
El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, también debe estar fuera del Gobierno, aunque es un asunto que le compete directamente a la Junta de Directores de esa corporación. Sin embargo, la gobernadora no puede tolerar la presencia de un funcionario que se sostiene a base de la mentira y el truco, como ha quedado evidenciado en informes periodísticos.
No se trata únicamente de falsear información, sino del manejo interno en el otorgamiento de contratos, que cobra mayor preocupación con la reaparición en la AEE de la figura del contratista José Pérez Canabal, a quien Ortiz le ha dado mano libre en la dirección de la agencia.
Se dice que Pérez Canabal es quien asiste a la AEE en gestiones ante la Junta de Control Fiscal y la Agencia para el Manejo de Emergencias, además de establecer y supervisar la dirección técnica estratégica entre oficinas y programas para cumplir con el plan fiscal.
No hay dudas de que es un exceso de poder para un contratista que, a su vez, ha mostrado interés en participar como inversionista en el negocio de energía renovable en momentos en que la AEE encamina su privatización.
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La gobernadora también debe pasar juicio sobre el desempeño del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, el funcionario más ausente de esta administración.
En diciembre pasado, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo reveló que el médico, especialista en neurocirugía endovascular, no cumplió con su deber antes, durante ni después de la emergencia del huracán María, siendo responsable de que miles de personas murieran por el colapso del sistema de salud de Puerto Rico.
Su ausencia y dejadez en los asuntos que le conciernen como titular del Gobierno responde a que ha dedicado la mayor parte de su tiempo a su práctica médica privada desde que asumió el cargo público en enero de 2017. Trascendió que, por ese trabajo, Rodríguez Mercado ha cobrado facturas que exceden el millón de dólares anuales.
Otro funcionario que le hace daño a la gobernadora es el secretario de Agricultura, Carlos Flores. En el récord público está su empeño en imponer un plan de reestructuración de la agencia para agenciarse el control en todas las áreas de operación de la agroindustria puertorriqueña, como eliminar la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y crear una Oficina de Cafés con suprapoderes para la figura del secretario. Afortunadamente, sus pretensiones de poder fueron detenidas en la Asamblea Legislativa.
En las últimas semanas, hemos visto a Flores enfrascado en una guerra contra los productores de leche del país ante su exigencia de destituir al director de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (Oril), agrónomo Jorge Campos Merced.
Por su desempeño, Campos se ha ganado el favor de la inmensa mayoría de los representantes de la industria, incluidas dos de las tres elaboradoras, la Asociación de Agricultores y la Cooperativa de Productores de Leche.
Sin embargo, parece que las decisiones del jefe de la Oril no han sido simpáticas para un pequeño grupo de ganaderos que apoyan incondicionalmente a Flores y quienes, según información que ha comenzado a circular, han sido multados y señalados por prácticas que violentan las reglamentaciones de la industria.
Además, muchos sectores del agro nacional se quejan de las actitudes autoritarias y arbitrarias de Flores en el otorgamiento de incentivos agrícolas, así como su escasa defensa a los subsidios salariales que reciben los agricultores.
Otro que está en el ojo público es el jefe de la Policía, Henry Escalera, quien tiene graves señalamientos por ordenar acciones represivas contra los manifestantes de las protestas del pasado mes de julio, así como por dirigir una campaña de carpeteo que promueve el discrimen y la persecución. Las denuncias contra Escalera provienen de gremios de la Policía, así como del Colegio de Abogados y Abogadas, y la Unión Americana de Libertades Civiles.
Esta lista es un buen comienzo para el saneamiento gubernamental, aunque Vázquez Garced debe saber que son más los funcionarios que deshonran el servicio público.
