Quisiera decir que la semana de los tres gobernadores es responsabilidad única del Partido Nuevo Progresista, pero no lo hago por dos razones. Primero, porque este desenlace es producto del diseño constitucional. Segundo, porque el problema no es exclusivamente del PNP, sino de todo aquel líder político, perteneciente a cualquier colectividad, que se embriague del poder, y que pretenda utilizar la Constitución para secuestrar la voluntad del pueblo. A esta hora, son muchos los que están ajumados, sin capacidad para racionalizar ni entender el daño que le están haciendo al país.
Que no quepa la menor duda: la salida de Pedro Pierluisi y la instalación de Wanda Vázquez como gobernadora se dieron en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.
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Pierluisi no pretendió permanecer en el cargo una vez fue decretada inconstitucional su juramentación. Por el contrario, acató la orden de un tribunal que no dispone de un ejército, sino de su legitimidad, para hacer cumplir sus órdenes. Y es incuestionable que Vázquez era la próxima en la línea de sucesión. En otras palabras, el sistema funcionó.
Dicho esto, si bien se cumplieron con las disposiciones procesales de la Constitución, debemos cuestionarnos si ese proceso tiene sentido para nuestra sociedad actual. En caso de una vacante, la Constitución sustituye la voluntad de 1.5 millones de puertorriqueños, quienes votamos en las elecciones pasadas, por el criterio de un gobernador, quien nombra, y alrededor de 80 personas que, en el caso del secretario de Estado, lo confirman. Vázquez, quien era secretaria de Justicia hasta convertirse en gobernadora, solo fue confirmada por 30.
Es evidente que un sistema de sucesión como ese es una desviación de los principios democráticos de nuestro Gobierno. Más aún cuando vemos que el sistema se manipula, no para que, en caso de emergencia, acabe como gobernadora la persona a quien le toque, según el orden sucesoral, sino para traer gente de afuera, puestas ahí específicamente para burlar la intención del electorado.
Esta realidad nos obliga a dejar a un lado la celebración baladí de una institucionalidad que legaliza el secuestro de nuestros derechos inalienables por partidos y líderes políticos inescrupulosos. Ya es hora de que exijamos cambios a la Constitución y de que elijamos líderes comprometidos con devolverle al pueblo su caudal de democracia.
