Supremo

Lea la opinión del abogado Leo Aldridge

Por Leo Aldridge

Nueve jueces van a decidir quién será el próximo gobernador de Puerto Rico.

Eso es menos que un jurado en un caso criminal. Es menos que los 51 representantes de la Cámara y menos que los 30 legisladores que componen el Senado.

Pero aquí llegamos, al Tribunal Supremo.

Pensábamos que el escogido por el despedido mandatario llegaría a Fortaleza con apenas 42 votos (26 en Cámara y 16 en Senado), pero resulta que ahora solo necesita cinco del Tribunal Supremo.

Los nueve jueces del Supremo —seis hombres y tres mujeres— tendrán ante sí la decisión más importante de sus carreras como juristas. Tendrán ante sí un caso como ningún otro que jamás hayan atendido o vayan a atender. La responsabilidad es inmensa, pues con sus votos no solo afectan los intereses de un privado (como en la mayoría de los casos), o el futuro de una corporación, o lo justo o injusto de un proceso criminal.

Sus votos, en esta ocasión, deciden el futuro político inmediato del país al que ellos, a final de cuentas, se deben. Los ojos de todo un pueblo, y los de la comunidad internacional, están postrados sobre ellos.

Pero sus votos decidirán mucho más que quién será el gobernante de los próximos 17 meses.

Esa decisión, por supuesto, es importante. Pero también lo es, y quizás más, el proceso y el razonamiento para llegar hasta ese resultado final. Aquí no solo está en juego quién dormirá en La Fortaleza un ratito más.

Aquí están en juego nuestros cimientos como pueblo democrático. Está en juego si la Constitución es realmente nuestra Biblia política y gubernamental, o si la echamos a un lado porque el posible resultado al cual nos guía puede ser incómodo. La estabilidad se logra, a largo plazo y de manera real, dejando claro, en blanco y negro, que en este lugar llamado Puerto Rico las cosas se hacen según las reglas de juego establecidas. Transmitir ese mensaje sí que provocaría estabilidad —verdadera estabilidad— para que las compañías hagan negocios tranquilamente en Puerto Rico, para que la gente invierta con seguridad, para que el pueblo sepa a qué puede atenerse cuando actúa de cierta forma.

La estabilidad no es cuando el marido borracho agresor se queda dormido. Esa es la calma efímera entre tempestad y tempestad. La verdadera estabilidad es cuando el marido borracho agresor se marcha o es arrestado.

La estabilidad que algunos convenientemente reclaman ahora solo busca un resultado inmediato y pasa por alto la coyuntura única que vivimos, cuando el Tribunal Supremo puede, como en poquísimas ocasiones, dibujar los linderos por donde el país debe caminar.

Los puertorriqueños cada vez desconfían más de sus instituciones. Esta es una oportunidad como ninguna otra para que el Tribunal Supremo devuelva un poco de brillo al servicio público, a los jueces, a la profesión legal y a la separación de poderes de nuestro sistema republicano de gobierno.

Lo ideal, aunque sumamente cuesta arriba, sería que el Tribunal Supremo hable con una sola voz, sea cual sea el resultado. Una decisión 9-0, en un momento como este, podría proveer una tranquilidad que Puerto Rico necesita desesperadamente. Con esto no pretendo, por supuesto, que un juez o jueza, que por principios no pueda suscribir una decisión, se someta al juicio mayoritario, pues eso sería abrogar a su trabajo.

Lo que sí pretendo es recordar que, en casos en los que una nación entera pendía de un hilo, la máxima corte habló con una sola voz. El 24 de julio de 1974 —exactamente 45 años antes de que renunciara Ricardo Rosselló— la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el presidente Richard Nixon debía entregar las grabaciones que había hecho en la Casa Blanca y que consignaban actos criminales (por los cuales, por cierto, luego fue indultado por su sucesor).

Esa decisión judicial de hace casi medio siglo, que deshizo al presidente de la nación más poderosa del mundo y cambió para siempre a Estados Unidos, fue 8-0.

La decisión que tienen ante sí en el día de hoy los seis hombres y tres mujeres que componen el Tribunal Supremo debe ser, idealmente, unánime.

Antes de que los jueces —Maite Oronoz, Anabelle Rodríguez, Rafael Martínez, Mildred Pabón, Erick Kolthoff, Edgardo Rivera, Roberto Feliberti, Luis Estrella y Ángel Colón— emitan sus votos, deben saber que su decisión será escudriñada por décadas en las escuelas de Derecho, que el resultado sobre el país no es solo inmediato, sino a mediano y largo plazo, y que no hay nada mejor en el mundo que dormir tranquilo, satisfecho por haber hecho lo que la conciencia dictaba.

El Supremo va a decidir qué individuo nos gobernará por los próximos 17 meses, sí. Pero también va a decidir, luego de este inolvidable verano de 2019, qué tipo de sociedad somos y cómo nos gobernamos a nosotros mismos.

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