La política aborrece los vacíos. Y, ante el gigantesco vacío de información y la ansiedad sobre quién nos gobernará a partir del viernes a las 5:00 p.m., surgieron ayer varias teorías noveles para tratar de descifrarlo.
Una de esas teorías –esbozada en las redes sociales por el candidato popular a la alcaldía de San Juan, Armando Valdés– es que Ricardo Rosselló puede designar al secretario de Estado y este convertirse en gobernador sin tener que someterse al proceso de confirmación en ambas cámaras legislativas.
Es decir, bajo esta teoría, Ricky puede nominar a Estado a Pedro Pierluisi –o quien sea– a las 4:59 p.m. y, como está en funciones a pesar de no haber sido confirmado, entonces esa persona se convertiría automáticamente en gobernador a las 5:01 p.m.
La idea surge de una lectura literal que hizo Valdés de la Ley 7 de 2005. Esa ley, presentada por la hoy comisionada residente Jenniffer González y firmada por el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, dispone que “para advenir al ejercicio permanente del cargo de Gobernador, un Secretario o Secretaria debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento; excepto en el caso del Secretario de Estado”. Eso es lo que dice la ley textualmente, believe it or not.
“La intención legislativa fue clara: eximir al Secretario de Estado del requisito de confirmación en caso de que le tocara convertirse permanentemente en Gobernador ante una vacante en dicho cargo”, dijo Valdés.
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Consulté con dos profesores de Derecho Constitucional: Carlos Ramos, de la Universidad Interamericana, y José Julián Álvarez, de la Universidad de Puerto Rico, y ambos coincidieron en que Rosselló no podrá nominar a alguien como titular de Estado sin pasar por el proceso de consejo y consentimiento de los cuerpos legislativos.
La ley puede decir lo que sea, pero se queda inoperante si choca con lo dispuesto en nuestra máxima ley, que es la Constitución.
Y la Constitución tiene como principios cardinales la separación de poderes, un sistema de pesos y contrapesos, y el consejo y consentimiento del legislativo para puestos importantes.
Si Rosselló pudiese nominar a la gobernación a alguien directamente, obviando así la Cámara y Senado, se burlarían la base sobre la cual se construyó nuestro sistema político y de gobierno.
Más aún, el poder que tendría el gobernador bajo este escenario sería desproporcional y ensombrecería el rol vital que tiene la asamblea legislativa.
No es de extrañar, sin embargo, que con el comportamiento errático que ha exhibido durante los pasados días, Rosselló y sus asesores quieran explotar esta laguna legal. De así intentarlo, mostraría una vez más su desdén por el proceso legislativo y su desconocimiento de los fundamentos de cómo debe operar un gobierno republicano.
En cuatro días, y durante los próximo 17 meses, a todos los puertorriqueños nos va a gobernar alguien a quien no elegimos. Esa ausencia de mandato electoral no puede ser agravado burlando el único resquicio democrático que queda en todo este juego de ajedrez: el consejo y consentimiento de los legisladores que, para bien o mal, son quienes nos representan.