Lagunas

Lea la opinión de Leo Aldridge

Por Leo Aldridge

La política aborrece los vacíos. Y, ante el gigantesco vacío de información y la ansiedad sobre quién nos gobernará a partir del viernes a las 5:00 p.m., surgieron ayer varias teorías noveles para tratar de descifrarlo.

Una de esas teorías –esbozada en las redes sociales por el candidato popular a la alcaldía de San Juan, Armando Valdés– es que Ricardo Rosselló puede designar al secretario de Estado y este convertirse en gobernador sin tener que someterse al proceso de confirmación en ambas cámaras legislativas.

Es decir, bajo esta teoría, Ricky puede nominar a Estado a Pedro Pierluisi –o quien sea– a las 4:59 p.m. y, como está en funciones a pesar de no haber sido confirmado, entonces esa persona se convertiría automáticamente en gobernador a las 5:01 p.m.

La idea surge de una lectura literal que hizo Valdés de la Ley 7 de 2005. Esa ley, presentada por la hoy comisionada residente Jenniffer González y firmada por el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, dispone que “para advenir al ejercicio permanente del cargo de Gobernador, un Secretario o Secretaria debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento; excepto en el caso del Secretario de Estado”. Eso es lo que dice la ley textualmente, believe it or not.

“La intención legislativa fue clara: eximir al Secretario de Estado del requisito de confirmación en caso de que le tocara convertirse permanentemente en Gobernador ante una vacante en dicho cargo”, dijo Valdés.

Consulté con dos profesores de Derecho Constitucional: Carlos Ramos, de la Universidad Interamericana, y José Julián Álvarez, de la Universidad de Puerto Rico, y ambos coincidieron en que Rosselló no podrá nominar a alguien como titular de Estado sin pasar por el proceso de consejo y consentimiento de los cuerpos legislativos.

La ley puede decir lo que sea, pero se queda inoperante si choca con lo dispuesto en nuestra máxima ley, que es la Constitución.

Y la Constitución tiene como principios cardinales la separación de poderes, un sistema de pesos y contrapesos, y el consejo y consentimiento del legislativo para puestos importantes.

Si Rosselló pudiese nominar a la gobernación a alguien directamente, obviando así la Cámara y Senado, se burlarían la base sobre la cual se construyó nuestro sistema político y de gobierno.

Más aún, el poder que tendría el gobernador bajo este escenario sería desproporcional y ensombrecería el rol vital que tiene la asamblea legislativa.

No es de extrañar, sin embargo, que con el comportamiento errático que ha exhibido durante los pasados días, Rosselló y sus asesores quieran explotar esta laguna legal. De así intentarlo, mostraría una vez más su desdén por el proceso legislativo y su desconocimiento de los fundamentos de cómo debe operar un gobierno republicano.

En cuatro días, y durante los próximo 17 meses, a todos los puertorriqueños nos va a gobernar alguien a quien no elegimos. Esa ausencia de mandato electoral no puede ser agravado burlando el único resquicio democrático que queda en todo este juego de ajedrez: el consejo y consentimiento de los legisladores que, para bien o mal, son quienes nos representan.

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