¿Y ahora qué?

Lea la opinión de Armando Valdés

Por Armando Valdés

No creo necesario añadir a los análisis de las múltiples controversias que han castrado al actual Gobierno. Solo diré que la salida de Ricky es un imperativo moral y una necesidad política. Sí creo que debemos iniciar un diálogo amplio sobre los fallos sistémicos que nos llevaron a este estado de parálisis y considerar cambios que eviten una crisis de tal magnitud en el futuro.

Los sistemas políticos no son perfectos; son creación del ser humano. Su intención básica debe ser garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Para así hacerlo, deben ser estables pero flexibles, de tal forma que se entiendan cuáles son las reglas de juego, pero que pueda adaptarse ante las realidades de un mundo en constante transformación.

La encrucijada actual revela varios desperfectos de nuestro ordenamiento constitucional. La sucesión del gobernador, cuya credibilidad está puesta en entredicho, está en manos del propio mandatario ante la ausencia en nuestro sistema de un vicegobernador electo. La falta de un mecanismo revocatorio —propuesta que no me era agradable y que todavía siento encierra grandes riesgos— implica que el único recurso que tiene el pueblo ante un reclamo mayoritario para que Ricky abandone el cargo es tomar las calles.

Es por ello que desde, al menos, febrero de 2013 vengo proponiendo, precisamente en las páginas de este rotativo, que se enmiende ampliamente la Constitución para proveer salvaguardas, mayor transparencia y participación ciudadana, y válvulas de escape que liberen un poco la presión que se acumula cuando la gente se ve totalmente impotente ante el abuso del poder público.

Mediante el mecanismo de enmienda que provee la Constitución para la convocatoria de una Convención Constituyente, el pueblo podría hacer una revisión mayor de nuestra Carta Magna. En dicho ejercicio, deberían considerarse, las elecciones revocatorias y el cargo de un vicegobernador electo. Otras enmiendas que deben evaluarse son las elecciones legislativas escalonadas, límites de término para todo funcionario, un secretario de Justicia electo en un proceso no partidista, referendos para la aprobación de emisiones de deuda, aumentos de contribuciones e iniciativas ciudadanas, y una reorganización legislativa que rompa con el partidismo extremo y refleje mejor las divisiones políticas del país con mayor proporcionalidad entre el voto popular y la representatividad en los dos cuerpos.

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