En los últimos años, las jurisdicciones de Latinoamerica y el Caribe lograron adelantos significativos en la lucha contra la corrupción. En muchos países de la región existen ahora leyes y mecanismos para contrarrestar este fenómeno, las investigaciones legales están avanzando y los movimientos ciudadanos anticorrupción han incrementado. Sin embargo, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, Puerto Rico, junto a otras jurisdicciones del Caribe ocupan posiciones cercanas al sótano en el escalafón compararivo lo que revela la erosión de la probidad gubernamental y una cruenta e insostenible realidad cuyas consecuencias sociales predicen un panorama incierto y devastador.
La corrupción e impunidad sistémica tienen una correlación directa con el grado de desarrollo y seguridad humana; e inciden en el deterioro de las expectativas de vida de los ciudadanos, creando vacíos legales y buardillas de poder donde la discrecionalidad asume un rol que pervierte el ejercicio público.
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La corrupción, como cáncer endémico de la institucionalidad, advierte la descomposición del aparato público, que se ha definido como “…el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa…”. Ante este desolador panorama, ¿qué debemos hacer para liberar al gobierno de la corrupción e impunidad, y generar progreso y bienestar?
Desde mi perspectiva, controlar la corrupción impone crear una Fiscalía Autónoma, con plenos poderes para acusar los actos de corrupción. Se requiere un diseño institucional que establezca procedimientos y criterios de elegibilidad, proclive a la transparencia y a criterios de fiscalización sólidos, para que como organismo con plena autonomía, brinde rumbo y certidumbre a las acciones de procurar la justicia. Una medida verticalista sujeta al nombramiento y la merced de cualquiera de los poderes gubernamentales (ejecutivo, legislativo o judicial) sólo ahonda el problema.
Puerto Rico vive una encrucijada en la redefinición política y en la reinstitucionalización del poder público. Revitalizar la democracia y la ciudadanía activa y efectiva, implica fortalecer los poderes públicos e incrementar el asociativismo, como signo inequívoco del ejercicio de gobierno. No hacerlo, atenta contra las acciones para la transformación de la vida política nacional, pero mucho más importante, impide devolverle al pueblo la esperanza que la corrupción e impunidad le han arrebatado.
