Raulie y Ricky

Lea la opinión del abogado Leo Aldridge

Por Leo Aldridge

Lo poquito que queda del gobierno de Ricardo Rosselló está utilizando el sistema de justicia criminal como un arma política para amedrentar a “Raulie” por los señalamientos que hizo contra “la figura” del gobernador.

Si algo así sucediera en Venezuela, ya tendríamos al secretario Luis Rivera Marín – leal al Gobernador, pero sabiamente desaparecido para todo esto – hablando de derechos humanos y enviando aviones que no aterrizan.

La eficiencia policíaca desplegada contra “Raulie” no se había visto para resolver asesinatos (los esclarecimientos en la Región de San Juan, por ejemplo, ronda el 7%) ni para averiguar qué pasó con las escoltas que se le asignaron ilegalmente a Elías Sánchez en 2016.

En cambio con “Raulie”, la Policía – la misma que está demandada en el tribunal federal por violaciones de derechos civiles – llegó a su puerta pocos minutos después de que él comenzara a manifestarse por las redes sociales.

El comisionado de la Policía, Henry Escalera, otro de los leales dispuestos a cortar cabezas por su jefe, inició una investigación “pacífica” y, para justificarla, se metió a sicólogo y concluyó que “Raulie” mostraba “inestabilidad” por sus expresiones “agresivas” contra el Gobernador. Ayer lunes se supo, sin embargo, que no existe protocolo escrito en la Policía para intervenir en un caso de alguien, como “Raulie”, que posee armas legalmente y emite su opinión sobre el Gobierno.

La administración, que dice ser pro americana, no se da cuenta, o no le importa, que con sus acciones se están llevando por la borda dos de las principales protecciones de la Constitución estadounidense que juraron defender: la Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión – incluso decirle “corrupto” al Gobernador justificada o injustificadamente – y la Segunda Enmienda que permite poseer armas si encaja dentro de un marco regulatorio dispuesto por ley.

Este “verano caliente” se presta para que Rosselló lea a Voltaire, a quien se le atribuye haber manifestado que “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Además de burlar la Constitución, este gobierno logró convertir a “Raulie” – un muchacho que necesita cursos de redacción y que guisó por ser “hijo talentoso” del ex secretario Raúl Maldonado – en un mártir. Son tan burdos y torpes que unas expresiones que podían ser vistas como un buche de sangre y un despecho tomaron un matiz completamente distinto a la luz de la represiva respuesta gubernamental.

Este intento de reducir el sistema de justicia criminal, que controla el Gobierno a un arma política, no es nuevo. Miles de puertorriqueños fueron objeto de investigaciones y procesamientos criminales por tener ideas que eran contrarias a las de los gobiernos de turno (penepés y populares). El FBI y la Policía de Puerto Rico, a través de un programa llamado Cointelpro, utilizaron el sistema de justicia criminal para carpetear a miles de independentistas que luego fueron privados de oportunidades académicas y profesionales por sus meras ideas, y a veces sufrieron consecuencias peores.

Este no es el caso de “Raulie”. “Raulie” no comenzó sus denuncias por altruismo ni por una causa mayor. No es un prístino Capitán América contra la corrupción. Está molesto porque trataron mal a su viejo y porque él ya no podrá guisar como antes. Pero que alguien sea mediocre, o que tenga un estilo abrasivo o incluso ofensivo, no le da derecho al Gobierno a violarle sus derechos. Si sólo vamos a defender los derechos de quienes nos caen bien, o de los que son “leales”, estamos en serios problemas.

Escalera no es el único ejecutor de la política pública de Rosselló de emplear represivamente el sistema de justicia criminal como mecanismo para infundir miedo en quienes lo cuestionan o enfrentan. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, es la más leal al jefe en esa faena.

Hasta hace 10 días, Raúl Maldonado, padre, era el principal funcionario de esta administración. Además de Secretario de Hacienda, era el jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el principal oficial financiero del Gobierno en tiempos álgidos de Promesa y Junta de Control Fiscal. Hay cientos de fotos de Maldonado junto a la Secretaria de Justicia como buenos compañeros en el Gabinete Constitucional.

Por eso cuando el propio Maldonado dice que no confía en la pulcritud e imparcialidad de la Secretaria de Justicia, y le atribuye un ánimo prevenido, pues hay que levantar oído. Si el propio Maldonado desconfía de Wanda Vázquez, con quien trabajó de cerca y a quien conoce bien, imagínese qué puede esperar un mero mortal.

Los animales, cuando se sienten acorralados, atacan. Y los gobiernos también. El uso del sistema de justicia criminal contra “Raulie” es el ataque desesperado de un gobierno que continúa desplomándose con el paso de cada día. Están ahora ante la engorrosa tarea de determinar quiénes en el Gobierno son los leales y quiénes no. Es difícil esa tarea, pero Stalin lo logró en la Unión Soviética el siglo pasado.

Estén sobre aviso los pocos leales que todavía pululan por allí. Ustedes podrían ser parte de la Gran Purga criolla. En cualquier momento usted puede pasar de bueno a malo. Si no me creen, miren la historia reciente. Teresita Fuentes llegó al Gobierno aupada – correctamente a mi juicio – como la mujer con mayor credibilidad en asuntos financieros. Cuando fue a La Fortaleza a contarle de los chanchullos que había visto en Hacienda, Rosselló la echó a un lado y escogió a Maldonado. Teresita pasó de buena a mala.

Rosselló le dijo a Maldonado: “Secretario, usted tiene toda mi confianza”. Durante el fin de semana, sin embargo, Rosselló catalogó a Maldonado como un novelero.

Hablando de novelas, durante lo que queda de este “verano caliente”, además de Voltaire, a quien mencioné antes, el Gobernador también debe ver las películas de El Padrino. No quiero revelar demasiado, pero la trama puede que le divierta: es sobre una mafia institucional en que la lealtad hacia el jefe es lo más importante y no se puede hablar mal de él.

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