Hace varios años que andamos advertidos de la vigilancia que, en orden del ejercicio de gobernar, debemos depositar sobre los políticos para evitar, como señalaba Jean-Jacques Rousseau, que el apetito individual sucediera el deber. Mucho hemos desaprendido desde entonces cuando hoy contemplamos que nuestra realidad política yace marcada por las acciones inescrupulosas de algunos funcionarios públicos.
Todo apunta a que, por más que se esfuercen las autoridades investigativas y judiciales, sean locales o federales, no logran disuadir la corrupción. Por el contrario, las malas prácticas se esparcen como plagas por cada recoveco de nuestras instituciones gubernamentales.
Esta semana, hemos sido testigos de un nuevo capítulo de esa zaga de incidentes carcomidos de actos perversos. Se trata de la figura de Raúl Maldonado Gautier, exsecretario de Hacienda, exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y exprincipal Oficial Financiero del gobierno (CFO, en inglés). Un individuo que de la noche a la mañana se convirtió en un personaje muy poderoso y ahora controvertible.
Pero Maldonado Gautier no es una monja de la caridad. Quien hasta hace unos días fue el funcionario de más confianza del gobernador, hoy aparece en la escena pública convertido en máximo cooperador de las autoridades federales en una pesquisa que, hasta el momento, no arroja luz de hacia dónde dirige sus morteros.
Sin embargo, a través de reportes investigativos periodísticos conocemos que este señor, mientras ejercía sus múltiples funciones en esta administración, se dedicó a otorgar jugosos contratos que fueron a alimentar el bolsillo de su hijo y de varios allegados.
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Del récord público se desprenden las contrataciones que Maldonado Gautier validó con las empresas Virtus Consulting y Optima Consulting, que en solo dos años sumaron más de $6 millones con el Departamento de Hacienda. También están los señalamientos contra las empresas 6th Element Group LLC, On Point Strategy y OPG Technology Corp que, entre otras, contaron con su endoso.
Lo interesante de todo este cruce de negociaciones es que muchos de los contratos que firmó o avaló el exsecretario de Hacienda beneficiaban directa e indirectamente a su hijo, Raúl Maldonado Nieves.
La cronología de hechos que ha trascendido confirma que, una vez muchas de estas compañías lograban concretar sus negocios con agencias de Gobierno, subcontrataban los servicios de Maldonado Nieves, quien, a través de su propia firma, Centurion Consulting Corp., también gozaba de un jugoso contrato con la Administración de Vivienda Pública que superaba el medio millón de dólares.
En suma, Maldonado Nieves logró 26 contratos con distintas agencias y corporaciones gubernamentales a través de compañías cuyos contratos habían sido avalados o firmados por su padre.
Entonces, de esa manera, en un abrir y cerrar de ojos el vástago del otrora hombre poderoso del Gobierno dejó de ser un desconocido para convertirse en un “talentoso” contable y abogado hacedor de política pública y experto en asesoramiento gubernamental. Todo un fenómeno.
Con ese récord, cualquiera podría pensar que alguna agencia de investigación anticorrupción ha fijado su mirada en el esquema de contratación que ha beneficiado a Maldonado Nieves por los pasados dos años. También se podría concluir que, en su rol de padre protector, el exsecretario de Hacienda haya decidido hablar y disparar a mansalva para suavizar cualquier pesquisa que pudiera surgir en contra suya o de su hijo. Lo mismo aplica al razonar sobre las motivaciones de “Raulie” para, a través de sus redes sociales, atacar al gobernador.
Todo es incierto aún. Pero poco a poco irá apareciendo más información que aclare esta madeja de enredos que huele a corrupción y en el que, de seguro, el dúo de los Raúles no son simples víctimas.
Son tiempos de perturbación e inestabilidad para el Gobierno, que también está acechado por otras investigaciones federales que, según se ha divulgado, implican a otras figuras cercanas al gobernador. Mas lo peor es que todos estos escándalos abonan al desprestigio de la gestión pública. El mal se muestra tan fuerte que no parece haber antídoto que sane la crasa y continua violación a las normas éticas en las que se supone se asienten los deberes y responsabilidades de la acción gubernamental y sus funcionarios.
Y es ahí, precisamente, donde se engruesa el conflicto. Si perdemos el sentido ético del ejercicio público, desembocaremos en una abyecta desolación social en la que habrá triunfado la perversidad del individualismo y su inseparable avaricia.