El 4 de mayo de 2018, en las páginas de este rotativo, publiqué una columna en la que dije que “Ricardo Rosselló dirige y es cómplice de un grupo de personas sin brújula ética. La cultura institucional de este gobierno, desde sus inicios, es la de la ley del silencio, u omertá, de la mafia siciliana”. El tiempo me dio la razón.
En aquella instancia, era la secretaria de Justicia la que señalaba que una funcionaria de Fortaleza había intentado sobornarla. Esta semana, el ahora exsecretario de Hacienda dijo lo mismo en cuanto a un esquema para extorsionarlo y llegó al punto de describir a quienes lo rodeaban como una “mafia institucional”. A su vez, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, y el subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón, hablaron de “volar cabezas” y de la “lealtad” que le deben al gobernador —no al país— los empleados públicos.
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A su vez, se destaparon múltiples investigaciones en curso, contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, por lavado de dinero, contra Elías Sánchez y Alberto Velázquez Piñol, por influencias indebidas, contra la exdirectora de ASES, por los contratos del plan de salud del gobierno, contra Raúl Maldonado por las contrataciones de su hijo, y hasta fue señalado directamente el gobernador y llamado un corrupto por este último.
Ni hablar de las expresiones del jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff. Dijo que sería un “verano muy ocupado para nosotros” y que “estamos seguros de que vamos a encontrar un quid pro quo”.
Solo hay un marco teórico que nos permite entender todo lo que ha pasado y es precisamente la cosa nostra. Lo que tenemos en Puerto Rico en este momento no es un Gobierno, es una mafia. Si todos guisan, todos callan. Si no, se extorsionan unos a otros. Y una vez los descubren, aparece alguien que les canta a los federales para salvarse el pellejo. Al final del día, todos están detrás de su interés personal, no el interés público.
Y es que la cosa nostra es la cosa de ellos.
