Con su mera firma, el gobernador Ricardo Rosselló podría simultáneamente actuar a favor de la austeridad fiscal, corregir errores o excesos de otra rama de gobierno y, lo más importante, hacer justicia mostrando clemencia. Más aún, podría lograr todo esto sin encomendarse a la Junta de Control Fiscal ni a la Asamblea Legislativa, dos de sus grandes dolores de cabeza.
Conceder indultos a personas convictas de delitos es uno de los remanentes de poder que le quedan a la Rama Ejecutiva del menguado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Rosselló, sin embargo, no ha concedido ni uno solo durante los dos años y medios que lleva en la gobernación. Estoy seguro que alguien —por no decir muchos— amerita la consideración del gobernador. Tiene tiempo para revertir este lamentable patrón, y no solo por razones de justicia, sino porque le puede traer réditos políticos.
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Rosselló se visualiza a sí mismo como un demócrata liberal a tono con las corrientes progresistas de sus correligionarios en el norte. Pero en la práctica no lo es. En todo lo relacionado con el sistema de justicia criminal está más a la derecha que su némesis tuitero Donald Trump, quien —de la mano de Kim Kardashian— ha tomado pasos tímidos pero certeros hacia una reforma real.
Barack Obama concedió indultos a cientos de reos que perdieron valiosos años de sus vidas debido a leyes draconianas que encarcelan a personas no violentas, desproporcionadamente negros y latinos, por casos de drogas. Hoy día, todos los demócratas que aspiran a la presidencia han dejado atrás la retórica de “ley y orden” y “mano dura” para proponer políticas menos punitivas para delitos que no conllevan violencia.
Ciudades importantes de Estados Unidos —como Brooklyn y Filadelfia— han establecido unidades dentro de las fiscalías para revisar casos cuestionables que acabaron en convicciones para determinar si en realidad hubo culpabilidad. Todos sabemos que aquí, bajo la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, una introspección así jamás va a pasar. Por eso, Rosselló tiene que dejar el letargo en este tema y ser proactivo. Quizás así los demócratas allá lo respeten un poco más luego de sus traspiés con Trump. Quizás así logre adelantar en algo la austeridad que le reclama la Junta (mantener a una persona encarcelada le cuesta al erario entre $30,000 a $60,000 anuales).
La mejor forma de iniciar una reforma —y sobre la cual tiene más control_ es evaluando quién merece beneficiarse con un indulto. Estemos claros: legalmente nadie tiene derecho a un indulto. Es una discreción que la Constitución le concede única y exclusivamente al gobernador.
A mi juicio, hay tres grupos de presos que deberían ser considerados para recibir indultos.
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El primer grupo es el más obvio: personas que reclaman, y pueden mostrar, su inocencia real. El gobernador podría solicitarle al Proyecto Inocencia que dirige el profesor Julio Fontanet una lista de todos los confinados que esa institución recomienda se evalúen bajo esta categoría. Sea porque un confinado obtuvo representación legal inadecuada, porque apareció prueba exculpatoria luego del proceso judicial, porque los fiscales actuaron corruptamente, o por cualquier otra razón, si un confinado puede probar su inocencia —o un proceso viciado— debe concedérsele la oportunidad de ser considerado para un indulto.
El segundo grupo consistiría de confinados no violentos que asumen su responsabilidad como culpables, pero que extinguen una pena a todas luces excesiva. Un punto de partida es todo aquel convicto por mera posesión de drogas. También deben considerarse confinados que no hayan sido narcotraficantes de mucho poder y que ya hayan cumplido cinco años o más de presidio.
El tercer grupo que debe considerarse es el de confinados que realizaron actos violentos, pero que, tras una cantidad sustancial de tiempo presos, se han convertido en ejemplos y muestran rehabilitación total. El comentarista Nicholas Kristof escribió recientemente que la gente, incluidos los convictos que fueron violentos, evolucionan. “Puede ser que tengan el mismo ADN y huellas dactilares que los del crimen, pero, con el transcurso del tiempo, sus corazones ya no son los mismos”. ¿Obramos bien, como sociedad, si mantenemos encarcelado a alguien que ya lleva preso 25 o 30 años por un suceso violento cometido cuando esa persona era totalmente distinta a la que es hoy día? ¿Qué ganamos con esto?
Este tercer grupo, sin duda, es el más problemático, porque hay una parte visceral de nosotros como humanos que busca la venganza. Mantener enjaulado a un ser humano por más de 20 años es, sin duda, una forma de venganza por un acto que nos sacude como sociedad.
El gobernador Alejandro García Padilla me dijo que, a pesar de que concedió muchos indultos, se arrepentía de no haber ofrecido más. “Yo evaluaba caso a caso, y usaba el indulto como mecanismo para sanar decisiones que la Rama Judicial, empleando una regla general, no podía atender apropiadamente. Por ejemplo, una persona por posesión de drogas no debe estar encarcelada. Hay penas para ciertos comportamientos delictivos que pueden ser excesivos. Muchas veces, el acto de la sociedad de encerrar a un individuo es más violento y más cruel que la acción delictiva de ese mismo individuo”, me dijo García Padilla, quien sostuvo que el único crimen por el cual no consideraría indultar a alguien era el de actos sexuales contra menores.
Si comienza un proceso serio de evaluar indultos para algunos de los miles de confinados en nuestras prisiones, el gobernador Rosselló logrará equipararse políticamente a las voces más progresistas de su Partido Demócrata en Estados Unidos; conseguirá reducir los gastos de su gobierno, como reclama la Junta; mostrará a sus constituyentes que todavía le quedan resquicios de poder por encima de la Junta y que sabe cómo usarlo. Y también logrará proporcionarles a cientos de personas, usualmente pobres, dos cosas que rara vez conocen: esperanza y justicia. Solo falta lo más importante: voluntad.
