La discusión sobre el mal llamado proyecto de libertad religiosa, presentado por el gobernador, para luego ser retirado por él mismo, de por sí levanta serias preocupaciones sobre nuestro entendimiento básico como pueblo sobre los derechos del prójimo. No es solo lamentable, sino peligroso, que el liderato político, principalmente del PNP, abogue por medidas que no son otra cosa que subterfugios para el discrimen. Promover la división y el odio, y jugar con los instintos más bajos del ser humano, solo para adelantar una agenda electorera, es la más burda manipulación de nuestro sistema democrático.
¿De qué se trataba la medida? Sencillo. Se procuraba permitirle a un empleado público, cuyo salario costeamos todos los contribuyentes de Puerto Rico, decidir a quién le podía prestar servicios públicos y a quién no. ¿El criterio? En la teoría del proyecto, sería la creencia religiosa del empleado. En la práctica, acabaría siendo el ánimo discriminatorio del trabajador.
Quienes defienden esta medida, argumentan que se viola el derecho a la libertad de culto del empleado al obligarlo a prestar un servicio que es contrario a sus creencias religiosas. Como ejemplos, se citaban la expedición de un certificado de matrimonio para una pareja del mismo sexo o trámites relacionados con la adopción de un niño por una pareja gay.
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La medida intentaba lucir inofensiva al estipular que se haría el acomodo razonable para el empleado, y que al ciudadano se le proveería el mismo servicio por otro empleado a quien no le resultara ofensiva la gestión solicitada. Analicemos cómo operaría en la práctica.
Puesto que la gente no lleva consigo un letrero que identifica ni su orientación sexual, ni su identidad de género, ni la gestión que pretende llevar a cabo cuando llega a alguna ventanilla gubernamental, debemos presumir una de dos cosas: o el ciudadano tendría que pasar el mal rato, y enfrentarse al estigma, de que un empleado público, a toda boca, pida que venga su suplente, o a algún jefe de agencia se le podría ocurrir que sería más eficiente tener una fila para la comunidad LGBT, al lado de la fila expreso para personas mayores de 60 años. De ahí a que algún empleado, por razones religiosas, quiera que haya un baño aparte para los homosexuales y las lesbianas, como los habían antes para los negros, no es mucho andar.
Y aunque el servicio provisto en efecto fuera el mismo, ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos previamente había concluido, en Brown v. Board of Education, el caso que prohibió la práctica de tener unas escuelas para blancos y otras para negros, que instalaciones educativas “separadas pero iguales” eran “inherentemente desiguales”, aunque, en efecto, se pudiese probar que la calidad de la educación y las instalaciones eran idénticas.
El tribunal fue más allá al concluir que la “separación de niños negros de otros de edades y habilidades similares, únicamente por razón de su raza, genera sentimientos de inferioridad en cuanto a su estatus en la comunidad que podrían afectar sus mentes y corazones de una forma que difícilmente será remediada”.
Al que es servidor público, le toca servir a todo el público. No se le está imponiendo ninguna creencia u obligación que no sea hacer su trabajo. En cambio, al ciudadano sí se le estaría imponiendo un credo religioso en voz de ese empleado que, con todas las de la ley y sanción del Estado, podría negarle sus servicios aduciendo a su fe.
Lo que se buscaba con este proyecto era un subterfugio legal para permitir el discrimen so color de un lenguaje políticamente correcto. Donde antes se podía discriminar contra los negros y decirlo abiertamente, ahora se pretendía lograr el mismo fin, contra la comunidad LGBT, sin llamarlo por su nombre.
Al final del día, el país se dio cuenta. Discrimen es discrimen, no importa cómo se disfrace.