Aunque su rol en la isla no es algo político, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) está comenzando a jugar de esa forma en lo que parece ser una respuesta al Gobierno local y su campaña de que el organismo creado por el Congreso de los Estados Unidos lo que busca es destruir a la isla, castigar a los pensionados, al empleado público y al pueblo en general.
Ante la estrategia de utilizar a los empleados públicos y pensionados para dicha campaña, la JSF realizó unos movimientos que nadie esperaba: sentarse directamente con algunos de los afectados y negociar directamente con ellos alternativas, dejando a un lado al Gobierno local, lo que encolerizó a este último, con razón, porque comienza a proyectar ante la opinión pública algo de debilidad, que no cuentan o que no tienen mucha injerencia.
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El Gobierno local presentó este año un presupuesto con más gastos, que fue rechazado por la Junta. De inmediato, inició la ofensiva contra la Junta. No obstante, esta presentó un presupuesto que contiene recortes por un lado, pero aumentos de salarios para policías, bomberos y maestros por el otro. El caso más dramático fue el de los agentes del orden público, cuyo aumento alcanzaría los $5,000.00 mensuales. Antes de ese anuncio, Diego Figueroa, del Frente Unido de Policías (FUPO), se había reunido con Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta. Ese movimiento puso al Gobierno local en una posición complicada: ¿qué les dice a los policías, bomberos y maestros?, ¿que rechacen ese presupuesto con el aumento para ellos y que apoyen el actual con ninguno o muy poco aumento? Por lo menos ante esos grupos, ya la JSF no es el villano de la película, lo que atenta contra lo que parecería ser la bandera de una campaña de reelección.
Esta semana trascendió que la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, se sentó con la JSF y negoció un acuerdo tentativo respecto a las pensiones de los maestros. Nuevamente, el Gobierno local es echado a un lado. Ahora los maestros deben ratificar ese acuerdo. No obstante, el anuncio de Díaz vino acompañado de un mensaje a los maestros. Recordó que en 2013 se opusieron a una propuesta del entonces gobernador Alejandro García Padilla que garantizaba la pensión existente a los que ya disfrutaban de ella, aunque les recortaba beneficios. A los futuros pensionados se les garantizaba un mínimo de $1,600.00 mensuales. La propuesta fue rechazada por los maestros, quienes no querían que se les tocaran ni las pensiones ni los beneficios. Según explicó el exgobernador García Padilla, eso le daba un alivio al sistema de retiro de maestros, por lo que la amenaza de hoy no existiese. El mensaje de doña Aida es claro: la negociación “patria o muerte venceremos” o “de mi maíz ni un grano” no es real. Son consignas ciegas e irreales porque habrá recorte; la cuestión es de cuánto.
Este nuevo anuncio hizo que el Gobierno local, naturalmente, prendiera de medio maniguetazo. “Maestro, la administración del gobernador Ricardo Rosselló ha sido firme y consistente en defender tu pensión. Hemos asegurado los fondos para pagarte mediante reducciones de gastos, eficiencias y aumentos históricos en los recaudos”, dijo el CFO del Gobierno, Raúl Maldonado, a través de su cuenta de Twitter.
Ahora bien, no son solo los maestros y policías. El Comité Oficial de Retirados también se sentó con la Junta y llegaron a acuerdos preliminares.
El problema con el Gobierno de Puerto Rico, como Gobierno, sin entrar en administraciones específicas, es que la ciudadanía y organizaciones, en general, no le creen porque han sido expertos haciendo promesas que luego no cumplen. Un gran porcentaje de lo que hablan lo hacen pensando en las próximas elecciones. Hoy dan a entender que garantizan algo y, luego, al no cumplir, buscan cualquier excusa para echar culpa o justificar. Creo que están algo leídos y eso es lo que, a mi entender, está provocando el intento de distintos sectores de sentarse directamente con la JSF.
Creo que estas organizaciones han comenzado a poner el signo de interrogación a la promesa de que no se permitirá que toquen las pensiones porque eso no está en control del que promete. Quizás es algo alcanzable (que no se toquen), pero al venir la promesa de políticos, pues eso hace dudar. Recordemos que el poder de la JSF con el primer presupuesto quedó demostrado en el tribunal cuando se invalidó el del Gobierno de Puerto Rico y se confirmó el de la Junta. El segundo round de esa batalla debe entrar en la sala del tribunal próximamente y el Gobierno local tendrá una segunda oportunidad de demostrar que tiene poder. Si nuevamente el tribunal determina que lo que operará será el presupuesto trabajado por la junta, creo que la fila de organizaciones a negociar con el ente federal va a aumentar.
