El acuerdo del Gobierno de Puerto Rico y la legislación aprobada con relación a los bonos de Cofina hipotecaron los ingresos del país por las próximas cuatro décadas. Ahora, la Junta de Control Fiscal —en contubernio con el Gobierno— está cuadrando una “segunda hipoteca”, mediante el acuerdo con el grupo de bonistas Ad Hoc y con la aseguradora Assured Guaranty Corp. sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El acuerdo tiene como fin viabilizar la privatización acelerada de nuestra red energética y sentar las bases para la emisión de nueva deuda. El pago de estos nuevos bonos será sufragado por los abonados —en otras palabras, el Pueblo de Puerto Rico— mediante la imposición de un “cargo de transición” a incluirse en la factura durante los próximos 47 años.
Inicialmente, este cargo se fijará en 2.7 centavos por kilovatio/hora, pero aumentará por los primeros 23 años hasta, aproximadamente, 4.5 centavos por kilovatio/hora; cantidad que se pagará hasta que finalice el término establecido. El efecto final de este “cargo de transición”, cuando se considera en conjunto con lo que se paga al presente, representa un aumento mínimo de, aproximadamente, 26 % en la factura eléctrica.
Este es un acuerdo nefasto, que compromete uno de los motores más importantes para el desarrollo económico del país, prácticamente por los próximos 50 años. Además, afectará adversamente al pueblo en dos vías: en primer lugar, resultará en un aumento en la factura, lo cual constituye una penalidad a los clientes de la AEE; y en segundo lugar, el costo de operar negocios —grandes, medianos y pequeños— se disparará, al igual que los costos de producción de las empresas, por lo que estos consumidores comerciales e industriales recurrirán a medidas drásticas, como aumento en los precios de sus productos y servicios, para subsanar los efectos del alza en sus costos de energía.
Todo este descalabro económico lo justifican la Junta y el Gobierno para que la AEE pueda cumplir con pagar los intereses a los bonistas clase A, y pagar el valor de los bonos al vencimiento. Los abonados de la AEE pagaremos el “seguro” que garantizará su liquidez para esta nueva emisión de bonos. En otras palabras, el pueblo pagará, para volver a endeudar la Autoridad, para posteriormente privatizarla y viabilizar que los amigos y allegados del Gobierno se enriquezcan mediante la generación de energía eléctrica.
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Como si esto fuera poco, el acuerdo también tiene consecuencias negativas en la política pública de impulsar la energía renovable, ya que como el cargo de transición aplicará a los clientes que tengan estos sistemas, se desalienta su instalación, tirando a la basura todas las metas de disminuir la dependencia del sistema al uso de combustibles fósiles.
La experiencia que vivimos tras el paso de los huracanes Irma y María fue un claro ejemplo de que la falta de acceso a energía eléctrica cuesta vidas. No podemos permitir que este servicio esencial se coloque en precario para nuestra población. La despolitización de la AEE y mantenerla en manos públicas constituye una herramienta de desarrollo económico, que permite la ejecución de políticas dirigidas a asegurar la vida y dignidad de sectores desprotegidos. Si se aprueba el acuerdo de la Junta y el Gobierno, lamentablemente se concretará la segunda hipoteca al país, en beneficio de los grandes intereses.