La palabra de campaña política más utilizada por los candidatos es TRANSPARENCIA. Luego, cuando logran la posición, se olvidan de su significado.
La transparencia no es para sus oponentes, no es para sus amigos ni para la prensa, la transparencia es para todos los ciudadanos que merecen observar, analizar y opinar sobre las ejecutorias gubernamentales. El problema está cuando no se les permite acceder a la información para poder estar documentados y realizar una opinión informada. Cuando eso ocurre no hay transparencia en la gestión gubernamental.
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Es más que obvio que cuando un documento es público lo pueden leer los ciudadanos. Para la prensa es fundamental la revisión constante de documentos como fuente de información primaria. Aquellas personas que han realizado investigaciones universitarias y profesionales conocen que se necesitan documentos que sustenten el estudio.
Es que para mí es tan obvio que no entiendo por qué los Gobiernos insisten en ocultar contratos y otros documentos. Cuando salen a la luz pública los resultados escandalosos de investigaciones, los involucrados tienen que aceptar que, en efecto, firmaron el contrato y la cobardía ocasiona que le echen la culpa a otro. Ya parece una práctica recurrente que la prensa tenga que pedir auxilio a los tribunales para lograr acceder a documentos públicos.
Esta semana recibimos la decisión del Gobierno de turno de implantar un procedimiento cuestionable para las solicitudes de acceder documentos públicos relacionados con los planes fiscales del Gobierno al amparo de la Ley Promesa. Si, en efecto, como dice el principal oficial financiero del Gobierno, el pueblo tiene derecho a conocer cuáles son los planes de desarrollo y transformación, es incongruente que se remita a los solicitantes a un protocolo arcaico que limita precisamente el derecho de todos a documentos públicos. Es precisamente esa oficina la que determinará cual documento es público. ¿Cómo se garantizaría transparencia gubernamental si el propio ente gubernamental es el que decide cuál documento entregar y cuál no? Es decir, que entonces todos los documentos que maneja el Gobierno no son públicos.
Sobre este proceder gubernamental se ha escrito mucho y se han caminado muchos pasillos del tribunal para explicar que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de acceso a la información cobijado por el derecho a la libertad de expresión.
Usted, probablemente, ha pasado por la experiencia de que le niegan entregar un documento público al indicar que es confidencial. Sin embargo, esa alegación podría considerarse incorrecta al no cumplir con las excepciones establecidas en nuestra jurisprudencia.
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Es bueno que esto se conozca para que no se les tome por tontos cuando realmente usted tiene todo el derecho a acceder a la información pública y se supone que no le pregunten para qué la quiere. Si le niegan los documentos públicos, debe explicársele por qué, y la respuesta debe ser adecuada, basada en principios legales establecidos. Siempre que usted solicite un documento público debe recibir respuesta; al no hacerlo, le están obstaculizando el acceder a información.
Al acercarnos al año electoral, parte del escrutinio que hace el elector para poder tomar una decisión inteligente de por quién votaría es, precisamente, por sus ejecutorias. Los votantes tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones de política pública, cómo y en qué se gastan los fondos públicos, en qué se invierte, cuántas pérdidas hubo y el estatus de cada agencia gubernamental. Más ahora, bajo la Ley Promesa, es meritorio que se conozca cómo se están tomando las decisiones y a quiénes afectan. Si la decisión es buena, también se debe conocer. Pero tenga claro que ocultar la información es mordaza y viola el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.
