A pesar de la oposición del Gobierno, esta semana, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que ha optado por dejar en manos de la jueza Laura Taylor Swain el futuro de unos 325,860 servidores públicos activos y jubilados, y presentará en cuestión de días el plan de ajuste del Gobierno central bajo el Título III de la Ley federal Promesa.
Para el maestro, el agente de la policía, el recaudador de Hacienda, el conserje o la enfermera jubilada del Gobierno, al igual que para quienes se jubilarán después de prácticamente una vida de dedicada en el servicio público, el plan de la Junta podría conllevar la pérdida de hasta una cuarta parte de su sustento mensual.
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Al analizar este asunto, hay que recordar varios puntos importantes: (i) gran parte de estas personas aportaron al plan de retiro que ahora se pretende recortar de golpe y porrazo, (ii) la pensión que se pretende recortar era un componente importante del paquete de compensación de cada uno de ellos; entiéndase que es dinero por el cual ya trabajaron y se ganaron, y (iii) en su mayoría, estas son personas que, al retirarse del servicio público, han quedado fuera de la fuerza laboral y reintegrarse en esta etapa de sus vidas para tratar de ganarse el sustento sería sumamente difícil. Hay que recordar, además, que a diferencia de los bonistas, cuyas acreencias han sufrido recortes como parte de la reestructuración de la deuda, en el caso de los pensionados el riesgo de no recibir la pensión no era algo previsible ni calculable ni formaba parte de la decisión de aportar al plan de retiro.
Ante esta absurda propuesta de la Junta, el Gobernador Rosselló ha reiterado que dará la lucha por los pensionados. Y es que, ¿quién puede pretender que estos pensionados vivan con menos? ¿O acaso no nos hemos dado cuenta de que muchos ya sufren haciendo arreglos para pagar sus medicinas, comida, casa, luz y agua? ¿Olvidamos también que muchos de estos pensionados son la cabeza de la familia y ayudan a sus hijos y familiares cercanos?
Hay que recordar que esta administración recibió un Gobierno en quiebra, bajo los procesos que dicta el estatuto federal Promesa y con un sistema de retiro quebrado. Para 2017, ya los sistemas de retiro no tenían fondos para pagarles a los retirados que, por décadas, se entregaron en cuerpo y alma al servicio público. En este caso específico, y sin apasionamientos partidistas, hay que reconocer que administraciones de ambos partidos no hicieron los cambios requeridos y pospusieron las reformas necesarias provocando el colapso del sistema de retiro.
Ante este panorama, y cumpliendo con su compromiso con los pensionados, el gobernador Rosselló firmó la Ley Núm. 106 de 2017 para que el fondo general se hiciera cargo de cumplir con quienes le han rendido su servicio a nuestro pueblo. Además, con la ayuda de los empleados públicos, esta administración ha realizado cambios en la forma de operar del aparato gubernamental, que han redundado en ahorros de $1,400 millones para cumplir con los pensionados. Esos ajustes y la planificación financiera esbozada en el plan fiscal de la administración han permitido destinar cerca de $2,500 millones en cada presupuesto para el pago total de todas y cada una de las pensiones.
La oposición del gobernador y de la Asamblea Legislativa a la propuesta de la Junta no puede tildarse de la típica oposición, por eso de oponerse sin ton ni son. En este caso, se trata de oposición a una medida injusta, innecesaria e irrazonable. De hecho, ya a los pensionados los sacrificaron durante la administración García Padilla eliminándoles a muchos de ellos la aportación al plan médico, el bono de verano y el de Navidad, y reduciéndoles drásticamente a los futuros pensionados su derecho a una pensión digna.
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El Gobierno ha demostrado que puede hacer recortes en otras áreas sin dejar de proveer lo básico a los más vulnerables, como son los pensionados. Recortar pensiones enviaría a la miseria a nuestros retirados y afectará nuestra economía. Si bien uno de los objetivos de Promesa es lograr que Puerto Rico salga de la crisis fiscal y regrese al trayecto de crecimiento económico sostenido, no podemos permitir que esto se consiga abusando con los sectores más vulnerables.
En la tarde de ayer, el gobernador anunció que nuevamente le hará frente a la Junta. Como pueblo tenemos el deber de respaldar los esfuerzos del gobernador, unirnos a ese frente y dar la lucha por una causa que no tiene ni colores ni banderas.
