Durante la pasada campaña electoral, los partidos políticos y sus candidatos le expresaron al país sus posiciones sobre la Junta de Control Fiscal. El Partido Popular mediante su “plan estratégico” señalaba: “Lo vamos a hacer desde la implementación, en diálogo con la Junta. El PNP, por su parte, expresaba: “La Junta de Supervisión Fiscal… tiene el propósito de proveerle a Puerto Rico la ruta para alcanzar la responsabilidad fiscal y lograr nuevamente acceso a los mercados de capital. Compartimos estas dos metas y estamos seguros que trabajaremos de cerca y de manera colaborativa con la Junta”. Mientras que la posición del Partido Independentista Puertorriqueño, en voz de su candidata a la gobernación María de Lourdes Santiago, expresaba: “Mi propuesta es cero colaboración con la Junta. El que colabore con la Junta colabora con la colonia… En un momento complejo como el que está atravesando Puerto Rico, se necesita más que nunca un liderato de principios y con determinación. La persona que llegue a Fortaleza va a llegar respaldada por cientos de miles de votos. ¿Qué mayor legitimidad que esa para adoptar una posición de desafío ante una expresión tan antidemocrática como es la junta? Para mí, es incomprensible que haya candidatos para distintas posiciones que piensen que la opción es el acomodo”.
Estos dos años de existencia de la Junta, han reconfirmado no solo lo valioso y moral de la posición del PIP y su candidata a la gobernación, sino que, además, era lo correcto políticamente en términos de la realidad colonial de Puerto Rico. Nuestra posición representa el escudo y el muro de contención contra las nefastas propuestas y acciones de dicha Junta.
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Estas acciones concertadas para cumplir con su tarea de agencia de cobros federal incluyen el acuerdo de Cofina, que hipoteca el presupuesto del país —como mínimo— por las próximas cuatro décadas, y el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que aumentará en un 28 % la factura. Si unimos esto a la obsesión de la Junta con reducir las pensiones de los jubilados, acabará de “reventarse” la situación económica del país e incrementará la pobreza y el costo de vida de los puertorriqueños.
Ver al presidente de la Junta en un programa de televisión —de forma descarada, en su papel de verdugo federal y como acólito de los grandes intereses del mercado imperial— reconocer que las personas van a sufrir con sus decisiones, no es solo motivo de indignación y denuncia, debe ser también un detonador para la acción política.
En la Legislatura —junto con el compañero Juan Dalmau—, hemos propuesto infinidad de legislación para retar, rechazar y enfrentar a la Junta, desde negarle presupuesto para su funcionamiento, rechazar sus recortes a la UPR, rechazar el acuerdo con los bonistas de la AEE, ordenar al secretario de Hacienda la paralización de cualquier reducción a las pensiones, pero, sobre todo, insistiendo en un proceso real de descolonización, para acabar con la Junta y la colonia, que la permite.
Todos los días reafirmamos nuestro compromiso de reto, rechazo y oposición a la Junta, porque no es posible la negociación o el acomodo razonable que proponen algunos, ni tampoco es un asunto de modificar, enmendar o fiscalizar Promesa. Es urgente combatir y acabar con el verdugo que constantemente blande su espada sobre, los trabajadores, la universidad, los pensionados y, sobre todo, Puerto Rico.
