Infame Junta

Ante esto, el Gobierno asegura que mantendrá su oposición a esta nueva oleada de recortes que se avecina

Por Hiram Guadalupe

La Junta de Control Fiscal dictaminó su nuevo plan fiscal, que no es más que un fuerte golpe contra el país al contemplar, sin titubeos, más medidas de austeridad que van directamente a vulnerar los servicios que recibe la ciudadanía y a afectar el bolsillo del sector trabajador público del país.

Para ese organismo, impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, poco importan las expresiones e informes que presente el gobernador Ricardo Rosselló sobre el estado de situación de la economía de la isla porque su agenda está claramente definida en contra del bienestar de nuestra ciudadanía.

Lejos de aportar con iniciativas a favor del desarrollo económico de Puerto Rico, o de exigir a sus amos federales que liberen, de una vez y por todas, los fondos federales que tienen retenidos para avanzar en el proceso de recuperación de la isla, esta Junta no hace más que entorpecer cualquier posibilidad de futuro.

De cara al próximo año fiscal, efectivo el primero de julio, la Junta, una vez más, revive su exigencia de que el nuevo presupuesto del país incluya el recorte progresivo de un 10 % en el pago de las pensiones para el 64 % de nuestros jubilados. Es harto conocido cómo una medida de este tipo no tendrá otro efecto que no sea el empobrecimiento acelerado de nuestra población de adultos mayores.

Este grupo poblacional, que dedicó décadas de sus vidas a trabajar en el servicio público, ahora se apresta a convertirse en un sector indigente y marginado gracias a los caprichos de este ente federal, que insiste en que con el recorte de pensiones el fisco ahorrará $694 millones de cara al año 2024.

Atribuyéndose la autoridad que le concede la dictadura del imperio, la Junta advirtió que también se propone imponer en este nuevo presupuesto la reducción de la aportación patronal al plan médico de los empleados públicos a $125 al mes, aun cuando hace unas semanas el gobernador anunció que había identificado unos ahorros que permitían proteger la cuota de contribución que hace el Estado al seguro de salud de sus trabajadores.

Como si fuera poco, el ente federal retoma su interés en eliminar el bono de Navidad y, en esta ocasión, aseguraron que así será. Esta medida, alegan, representa un ahorro de $70.2 millones, a la que se agrega otra de las medidas austeras que impondrá la Junta cuando establezca su plan de reducción de compensaciones adicionales no salariales que, en suma al recorte del bono navideño, representa $163.9 millones para 2020 y $360.8 millones por año a partir de 2024.

Por ahí también se avecina un plan para reducir la nómina gubernamental, que no es más que una agenda de despidos de empleados públicos que incidirá, particularmente, sobre la Oficina de Administración de los Tribunales, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Educación. Así de sencillo, la Junta quiere reducirle al país el número de sus jueces, oficiales de custodia, trabajadores sociales y maestros.

Añada a esa terrible agenda neoliberal la significativa reducción presupuestaria que pesa contra la Universidad de Puerto Rico y que ya ha provocado que, tan pronto como en agosto, se imponga un aumento al crédito de estudios subgraduados y graduados, y se eliminen las becas y ayudantías estudiantiles.

Entonces, como quien busca sanar una honda herida con sal, el plan fiscal de la Junta propone otorgarles un aumento salarial a los maestros de poco menos de $40 al mes, lo que es un verdadero acto de cinismo desmesurado de parte de quienes miran al país por encima de sus hombros. ¿Quién puede creer que tenga algún efecto en el salario del magisterio esa propuesta de aumento?

Pero hay más. Esta impúdica e infame Junta también asegura que dispondrá fondos para aumentar el salario de policías y bomberos, al igual que otorgará una pizca de fondos adicionales para incrementar la nómina del Negociado de Ciencias Forenses. En ambos casos, son aumentos insustanciales cuando se calculan las reducciones en las compensaciones que reciben los empleados públicos, como es el caso del bono de Navidad y la aportación al plan médico.

Ante esto, el Gobierno asegura que mantendrá su oposición a esta nueva oleada de recortes que se avecina. Ojalá así sea porque, que quede claro, las medidas de austeridad que quiere imponer la Junta solo profundizarán más la desigualdad y la inequidad social que sufre el país. Además, está probado que esa no es la ruta para reencaminarnos hacia un mejor futuro y bienestar.

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