Negligencia crasa de la Junta

Lea la opinión de Alejandro Figueroa

Por Alejandro Figueroa

A escasas horas de que el presidente Donald Trump informó que renominaría a los actuales integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal, comenzó la radicación de lo que, a todas luces, acabarán siendo cientos, sino miles, de demandas contra suplidores del Gobierno. La avalancha de reclamaciones de cobro se da bajo el palio de la autoridad que tiene la Junta, como representante del Gobierno de Puerto Rico, de reclamar de los acreedores tanto aquellos pagos que el Gobierno emitió hasta 90 días antes de que se radicara la petición de reorganización bajo el Título III de Promesa como pagos o transferencias “fraudulentas” que se hayan hecho hasta cuatro años antes de la radicación del pedido de bancarrota.

El esfuerzo detrás de la radicación de las demandas está a cargo del Comité Especial de Reclamaciones, grupo de trabajo interno de la Junta. Dicha iniciativa surgió luego del informe sobre la deuda de Puerto Rico realizado por la firma especializada en investigaciones de fraude financiero Kobre & Kim y es capitaneado por el bufete Brown & Rudnick, firma de abogados con experiencia en asuntos de quiebras.

Los procedimientos de bancarrota adoptados como parte de Promesa establecen que un deudor, o su síndico o grupos de acreedores, tienen dos años desde que la entidad se acoge a la “bancarrota” para demandar a terceros. Ese plazo, en el caso del Gobierno central, venció el 2 de mayo, y con el vencimiento, comenzaron a radicarse las demandas, algunas radicadas antes de la fecha límite y otras pendientes a radicarse.

Si bien uno de los deberes de un síndico en un proceso de quiebra es llevar a cabo un proceso de evaluación mediante el cual se identifiquen aquellos pagos realizados incorrectamente o en fraude a los acreedores, entre los deberes del síndico está conducirse de manera que permita al “quebrado” rehabilitarse para poder cumplir con sus obligaciones. De hecho, entre las encomiendas de la Junta de Supervisión Fiscal bajo Promesa está el promover las circunstancias fiscales y el desarrollo económico de la isla de forma que se logre restablecer el acceso a los mercados de capital.

Desde mi punto de vista, con esta avalancha de demandas sin cernimiento y análisis ponderado alguno, el Comité Especial de Reclamaciones de la Junta ha hecho todo lo contrario. Al ver cómo se ha demandado a prácticamente todo el que haya rendido servicios o suplido bienes al Gobierno entre 2013 y 2017, utilizando como único criterio el que por ello haya facturado y cobrado $2.5 millones o más, no queda otra cosa que denunciar el esfuerzo como uno que raya en la negligencia en el cumplimiento del deber.

Y es que hay que preguntarse para qué se les pagó a los consultores de la Junta como Kobe & Kim y Brown & Rudnick si al final de la jornada se encaminaría un proceso sin pies ni cabeza en el cual terminará demandado “Raimundo y todo el mundo” irrespectivamente del mérito que tenga la reclamación. Más aún, siendo la Junta quien representa al Gobierno, y el Gobierno, a su vez, quien contrató a los suplidores, ¿de cuándo acá el peso de la prueba de si los servicios se prestaron o los productos se suplieron, y si el pago efectuado fue el correcto, debe recaer en el suplidor y no en el propio Gobierno? ¿Qué tipo de análisis hicieron los contratistas de la Junta, o acaso no fue para eso que se les contrató?

No cabe la menor duda de que la gestión de la Junta en cuanto a este asunto es contraria a lo que se le encomendó bajo Promesa y atenta contra la capacidad de Puerto Rico de levantarse y regresar a los mercados de capital.  ¿O acaso los miembros de la Junta no se han dado cuenta de que estas demandas frívolas consumen tiempo y recursos que las empresas podrían dedicar a asuntos productivos, conllevan gastos innecesarios en abogados, consultores, etc., reduce la propensión de que empresas del sector privado presten servicios al Gobierno, incrementa la percepción de riesgo de hacer negocio con el Gobierno y, por ende, el precio al cual el privado estará dispuesto a prestar servicio o suplir bienes? Al final de día, la Junta vuelve a pegarle un disparo en el pie a aquellos a quienes viene llamada a proteger, los contribuyentes y ciudadanos de Puerto Rico, y con su negligencia comprueba nuevamente que, a veces, es peor el remedio que la enfermedad.

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo