El Primero de Mayo no solo se conmemora a los “mártires de Chicago”, quienes en el siglo XIX lucharon por una jornada laboral digna y se enfrentaron a la más cruel represión. Es también una jornada que se utiliza para reafirmar diferentes reivindicaciones sociales y laborales en favor de la clase trabajadora y Puerto Rico no es la excepción.
Desde el pasado cuatrienio bajo el Gobierno del Partido Popular, la clase trabajadora viene recibiendo brutales golpes en sus relaciones obrero-patronales. Los convenios colectivos de los empleados públicos fueron congelados con la aprobación de la ley 66 y, por ende, sus salarios y beneficios laborales, obtenidos mediante la negociación colectiva, dejaron de aplicarse, mutilándose sus condiciones de empleo. También con el PPD, los empleados públicos recibieron un duro golpe, al trastocarse sus sistemas de retiro, aumentando la edad del retiro, reduciendo grandemente el porcentaje de la pensión a obtener y eliminando las aportaciones patronales.
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El PNP, por otro lado, al aprobar este cuatrienio la mal llamada “reforma laboral”, eliminó derechos adquiridos de la clase trabajadora en el empleo privado, al equiparar la relación patrono empleado en la contratación, reducir las licencias de vacaciones y enfermedad, aumentar el periodo probatorio y disminuir las protecciones al empleado en el momentos del despido, todo esto impulsado e impuesto por la Junta de Control Fiscal. Las brutales reducciones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, impuestas por la Junta en complicidad con el Gobierno y los que administran la universidad, traen como consecuencia aumento a los costos universitarios, perjudicando a las hijas e hijos de los trabajadores puertorriqueños.
Desafortunadamente, las medidas neoliberales impulsadas por penepés y populares no han terminado aún. No podemos olvidar que sigue latente la propuesta de la Junta de rebajar las pensiones de miles de jubilados del sector público que —de concretarse— empobrecería aún más este sector. De igual forma, penden de un hilo las aportaciones patronales a los planes médicos de los empleados públicos, que aunque se ha señalado que a los empleados del Gobierno central no les aplicará, todo indica que los empleados de corporaciones públicas sufrirán un significativo “ajuste” a su aportación al plan médico, con las nefastas consecuencias que ello acarrea ante la realidad del alto costo de la salud y las medicinas en Puerto Rico. Además, las estadísticas del Gobierno señalan que existen alrededor de 400,000 personas, muchas de ellas trabajadoras que no poseen plan médico, siendo esto una grave injusticia para ellos y un problema de salud pública.
El Partido Independentista Puertorriqueño marchó el primero de mayo por múltiples razones, en solidaridad con la clase trabajadora, en apoyo a nuestra militancia que, en su inmensa mayoría, son trabajadores, líderes sindicales, cooperativistas. Por ello marcharon también algunos pipiolos con la camiseta de sus respectivas uniones mientras ondeaban la bandera del PIP. Marchamos porque nos opusimos y luchamos en contra de la Ley 66, de la destrucción del sistema de retiro y contra la aprobación de la reforma laboral. Marchamos porque nos oponemos a la Junta de Control Fiscal y el colonialismo que la crea, y la única opción para acabar con ella es la independencia. Marchamos porque tenemos la fuerza moral para hacerlo, porque siempre hemos estado al lado y junto a la justicia social y la solidaridad.
